La Abogacía General del Estado de Brasil (AGU) ha cerrado un acuerdo con OpenAI para incorporar soluciones de inteligencia artificial (IA) en sus sistemas de análisis judiciales. La decisión pretende reducir los costos y pérdidas económicas relacionados con las demandas en curso que atiende la dependencia.
La tecnología será proporcionada a través de la plataforma Microsoft Azure. Su uso estará centrado en los casos de “mayor incidencia fiscal”, que son aquellos en los que el Estado brasileño es sentenciado en los tribunales a pagar una indemnización de gran valor. Los programas de OpenAI se utilizarán para identificar las características de cada juicio “con mayor rapidez y precisión”, afirma la AGU. Entregarán sugerencias de modelos y tesis de defensa, resumirán documentos y darán a los funcionarios “asistencia en la producción de sus declaraciones” con base en la jurisprudencia de los abogados de Brasil.
La AGU argumenta que con el uso de las herramientas de IA podrá examinar con mayor profundidad el acervo de información que posee y adoptar un sistema de operación más funcional. Aclara que los algoritmos inteligentes serán supervisados en su totalidad por seres humanos y que de ninguna forma sustituirán a los empleados. “La prioridad de la Abogacía es entregar soluciones para problemas que afectan a todo el Estado brasileño. Por tanto, es necesario que haya inversiones estratégicas y esenciales para mejorar la gestión del riesgo fiscal”, añade.
Los procesos jurídicos consumen una parte cada vez mayor del presupuesto federal en Brasil. La administración dirigida por Luiz Inácio Lula da Silva pronostica que el próximo año gastará alrededor de 13,200 millones de dólares en el pago de dictámenes judiciales que ya no puede apelar. La cifra no considera las indemnizaciones de menor cuantía, que históricamente suponen pérdidas por 5,590 millones al año.
IA, un aliado cuestionable entre los jueces
El uso de servicios basados en IA en las funciones judiciales y legislativas ha comenzado a popularizarse. La semana pasada Javier Milei, presidente de Argentina, comunicó que buscará hacer “más eficiente” al Estado con ayuda de los sistemas de IA de Google. El concejo municipal de Porto Alegre aprobó a finales de diciembre con unanimidad una ley desarrollada íntegramente con ChatGPT. El juez colombiano Juan Manuel Padilla García confesó en febrero de 2023 que había utilizado un servicio de IA para resolver una demanda de tutela en favor de un menor de edad con autismo. “Mi decisión es completamente personal, privada y autónoma, pero la inteligencia artificial ayuda a construir una cadena de textos, diseñar la sentencia y tomar una decisión final”, defendió.
Los analistas concuerdan en que el uso de estos recursos puede agilizar muchos procedimientos, aligerar la carga de trabajo entre los funcionarios y reducir el gasto público. No obstante, un estudio de la Universidad Purdue encontró que ChatGPT entrega respuestas erróneas en el 52% de los casos. Acontecimientos pasados han demostrado que la utilización de la tecnología sin reservas puede provocar problemas mayores.
El Consejo Nacional de Justicia de Brasil abrió una investigación contra el juez federal Jefferson Rodrigues por la publicación de una sentencia aparentemente creada con la ayuda de ChatGPT. El magistrado adscrito a las cortes del estado de Acre “basó su resolución en expedientes procesales” atribuidos equivocadamente al Tribunal Superior de Justicia de la nación sudamericana. Reconoció que las inconsistencias “resultaron del uso de alguna herramienta digital por parte de un asesor de confianza que terminó siendo inadecuada”. Alegó que se trataba de un simple error derivado de la sobrecarga de trabajo.
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