El plan de Donald Trump de acumular millones de dólares en bitcoin no tiene sentido, advierten economistas

Incluso si Trump restringiera la reserva únicamente al bitcoin incautado a través de la actividad policial, su administración también debe considerar el costo de oportunidad asociado a la posesión de la criptomoneda. Mientras que algunos activos, como los bonos, generan un flujo constante de ingresos para sus tenedores, el bitcoin no lo hace, por lo que resulta caro conservarlo.

“La cuestión se centra en qué obtendría el gobierno de los montones de bitcoin que tendría en su poder”, resalta George Selgin, director emérito del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato, un grupo de expertos estadounidense que promueve los principios libertarios. El Gobierno de Estados Unidos ha subastado periódicamente el bitcoin confiscado a través de la actividad policial. Pero al optar por quedarse con los que posee, “está dejando de obtener el valor de mercado, que podría aplicar a cualquier otro uso, desde la amortización de la deuda federal hasta el pago de otros programas gubernamentales”, afirma Selgin.

Aunque Selgin es partidario del bitcoin por su independencia del control estatal, se opone a que el Gobierno de Estados Unidos especule con su precio en nombre de los ciudadanos. “Los gobiernos no son inversionistas particularmente astutos”, manifiesta Selgin. “Que el gobierno actúe en nombre de los ciudadanos como una especie de fideicomiso o fondo de inversión no tiene mucho sentido”.

Criptomonedas como mecanismo para ganar votantes en EE UU

Durante su discurso en Nashville, Trump mencionó a una serie de bitcoiners de alto nivel, incluidos Cameron y Tyler Winklevoss, fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, agradeciéndoles su orientación. Después, Tyler publicó un mensaje en X para celebrar el plan de Trump y felicitar al organizador de la conferencia por haber “pintado de naranja” al expresidente.

Pero si bien es popular entre los tenedores de grandes cantidades de bitcoin y los directivos de la industria, la ambición de establecer una reserva de bitcoin implicaría un costo para la mayoría de los demás, especialmente si el gobierno ampliara sus reservas existentes, destaca Michael Green, estratega en jefe de la firma de gestión de activos Simplify.

“La única forma posible de que el Gobierno de Estados Unidos compre bitcoins es a los tenedores actuales”, resalta Green, “pero si el gobierno utiliza los ingresos fiscales [o emite bonos] para comprar bitcoins, se crea una situación en la que el contribuyente está subvencionando a un subconjunto extraordinariamente pequeño. En definitiva, estamos hablando de crear liquidez de salida para un pequeño subconjunto de la población”. Sería como si el gobierno del país prometiera pagar más de la cuenta por bienes inmuebles en California, observa Green, pero no en ningún otro estado. “Esto no es diferente a nivel material”, añade.

Cuanto mayor sea el fondo de bitcoin del gobierno, más en deuda estará con quienes mantienen la red subyacente, las empresas mineras de bitcoin, cuyo trabajo consiste en procesar las transacciones y proteger la red de los ataques. De hecho, el sector de la minería de bitcoin se convertiría en “otro grupo de interés especial”, señala Green, “en el que el Gobierno de Estados Unidos tendría que intervenir y rescatar” en caso de que el sector, conocido por su sensibilidad a diversos factores que escapan a su control, se tambalease.