Enviar a los presos de Estados Unidos a El Salvador: la propuesta de Bukele a Trump

Puede que Groenlandia no esté en venta, pero El Salvador sí lo está, al menos en un sentido metafórico. Durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio a San Salvador, el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, ofreció a Donald Trump las cárceles de su país como solución a la superpoblación carcelaria estadounidense. Bukele, ya conocido por haber convertido el bitcoin en moneda de curso legal antes de archivar el experimento en los últimos días para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo estar dispuesto a aceptar en las cárceles salvadoreñas no solo a reclusos expulsados de Estados Unidos, sino también a ciudadanos estadounidenses condenados, a cambio de una tarifa que describió como «relativamente baja para Estados Unidos pero significativa para nosotros, hasta el punto de hacer sostenible todo nuestro sistema penitenciario».
La oferta de El Salvador llega justo cuando Dinamarca rechaza con firmeza las presiones de Trump sobre Groenlandia, un territorio autónomo que el presidente estadounidense ha amenazado en repetidas ocasiones con adquirir por la fuerza o mediante presiones económicas. Tanto es así que el Parlamento groenlandés, en estos mismos días, se dispone a votar una ley que prohibirá cualquier financiamiento político procedente del extranjero para proteger la integridad del territorio de injerencias foráneas.
El giro carcelario de El Salvador
Pero, ¿cómo es posible que una nación tan pequeña, aunque propensa a experimentos políticos y económicos extremos, llegue a hacer semejante oferta a Estados Unidos? La respuesta está en la impresionante transformación que ha experimentado El Salvador en los últimos años, pasando de ser un país empañado por la violencia de las pandillas a un laboratorio de soluciones radicales a la delincuencia. En marzo de 2022, el país vivió su fin de semana más sangriento desde la posguerra: en 72 horas, las dos principales bandas locales, MS-13 y Barrio 18, orquestaron una serie coordinada de asesinatos que dejaron 87 muertos. En respuesta, el Presidente Bukele declaró el estado de emergencia y lanzó una campaña de detenciones masivas sin precedentes. En 22 meses, 81,000 personas, el 2% de la población adulta del país, acabaron en la cárcel. Para comparar: Estados Unidos, que tiene el mayor índice de detenidos del mundo, solo tiene el 0.6%.
Para hacer frente a esta oleada de detenciones, el gobierno construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en un tiempo récord, invirtiendo 1,200 millones de dólares. El centro, con capacidad para 40,000 detenidos, está dividido en ocho edificios de máxima seguridad con celdas de 80 plazas cada una y un sistema de vigilancia con más de 5,000 cámaras. Los presos viven hacinados, duermen en literas de acero sin colchón y no tienen acceso a programas de rehabilitación. El modelo Bukele, como ha sido rebautizado, ha permitido reducir la tasa de homicidios: de 103 por cada 100,000 habitantes en 2015 a menos de 8 en 2023. Un resultado logrado, sin embargo, a costa de ingentes inversiones públicas que han incrementado la deuda del país hasta el 80% del PIB. En este contexto, la propuesta a Estados Unidos representa un intento de hacer económicamente sostenible el sistema convirtiendo el aparato represivo en una fuente de ingresos para el Estado.
El acuerdo imposible
La propuesta de Bukele enfrenta a Washington a importantes obstáculos legales. Aunque tiene experiencia de detención extraterritorial desde 2002 en Guantánamo, donde sospechosos de terrorismo han sido retenidos como «combatientes enemigos» sin juicio, el acuerdo con El Salvador sería diferente: en este caso, se habla de trasladar a detenidos ya condenados por tribunales estadounidenses a prisiones controladas por un gobierno extranjero. Este procedimiento podría entrar en conflicto con la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe los castigos crueles, y con la Convención contra la Tortura de la ONU, ya que las cárceles de El Salvador han sido acusadas reiteradamente de violar estos derechos, como demuestran los 153 reclusos que han muerto en menos de dos años.
La administración Trump, sin embargo, parece decidida a superar estos obstáculos haciendo del acuerdo parte de una estrategia más amplia de externalización de la gestión migratoria y del control de la delincuencia. Como ya se hizo con el programa «Permanece en México», un acuerdo bilateral que eludía el derecho de asilo de EEUU obligando a los migrantes a permanecer en México a la espera de juicio. Este modelo también se ha aplicado recientemente con Venezuela, ya que EE UU, aunque no reconoce al gobierno de Maduro, negocia la repatriación de los pandilleros del Tren de Aragua, calificando a Venezuela de «tercer país seguro». Una iniciativa diplomática que ahora podría extenderse a El Salvador.
Artículo originalmente publicado en WIRED Italia. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.
DERECHOS DE AUTOR
Esta información pertenece a su autor original y fue recopilada del sitio https://es.wired.com/articulos/enviar-a-los-presos-de-estados-unidos-a-el-salvador-la-propuesta-de-bukele-a-trump