‘Alien Enemies Act’, qué dice la ley de 1798 invocada por Trump para repatriar a supuestos pandilleros venezolanos

El presidente Donald Trump añadió una nueva variante a su plan de deportaciones masivas: reactivar la Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros), una regulación que data de 1798, la cual consiste en la expulsión de ciudadanos o entidades ajenas a EE UU, especialmente en tiempos de guerra o conflicto internacional. El republicano consiguió repatriar a más de 200 venezolanos que las autoridades estadounidenses creen que pertenecen a la banda Tren de Aragua, junto a otras siete bandas latinoamericanas de la lista de «organizaciones terroristas extranjeras».

La norma otorga al presidente poderes casi ilimitados para deportar a «individuos peligrosos» sin pasar por los procedimientos habituales. Un juez federal frenó la persecución migratoria el 15 de marzo, pero los abogados del Ejecutivo replicaron que ya había dos aviones en el aire, uno con destino a El Salvador y otro a Honduras. Videos de las repatriaciones, con hombres encadenados rodeados de fuerzas especiales, fueron difundidos por el propio Trump en sus redes sociales.

¿Qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros?

En 1798, el territorio estadounidense estaba limitado a solo dieciséis estados; la carrera hacia el Oeste aún estaba por llegar, y para defender las fronteras había que enfrentarse a dos potencias imperiales: la española y la francesa. Por ello, se estipuló:

«En cualquier momento en que haya una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o se perpetre, intente o amenace con una invasión de carácter predatorio contra el territorio norteamericano por parte de cualquier nación o gobierno extranjero, y el presidente dé aviso público de ello, todos los nativos, ciudadanos y residentes sujetos a la nación o gobierno hostil, desde la edad de 14 años en adelante, que se encuentren dentro del territorio de los Estados Unidos y que aún no se hayan naturalizado, podrán ser llevados ante la justicia y expulsados del territorio como enemigos extranjeros«. La ley autorizaba al presidente a disponer del recurso de expulsión, además de la posibilidad de dictar cualquier otra norma que se considere necesaria en este sentido y en interés de la seguridad pública.

En aquel momento, el temor a una guerra con los franceses impulsó al Congreso a aprobar una serie de disposiciones que ampliaban enormemente los poderes del gobierno federal. La razón era preventiva: querían protegerse de que individuos extranjeros sin ciudadanía estadounidense, pero presentes en suelo nacional, pudieran simpatizar con los invasores. Los registros muestran que la ley solo se utilizó en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812 y durante las dos guerras mundiales. Específicamente en la Segunda Guerra Mundial, se invocó para encarcelar a personas de ascendencia italiana, alemana y japonesa. Los ciudadanos asiáticos que atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor fueron los principales afectados: se estima que 12,000 japoneses fueron encarcelados, incluso aquellos que poseían la ciudadanía estadounidense.

“Si crecen las deportaciones, crecerá el consumo de drogas», advierten organizaciones civiles en la frontera norte de México

Donald Trump ha prometido mano dura contra los migrantes. Organizaciones dedicadas a la prevención de daños advierten que esto podría agravar la crisis de opioides en la frontera.

Trump quiso desempolvar la norma

Donald Trump lleva años hablando de «invasión» de migrantes ilegales, y esta es la premisa en la que se basa la exhumación de una disposición obsoleta. La ley de Enemigos Extranjeros exige la divulgación pública, y Trump ha actuado en consecuencia: en un discurso pronunciado el fin de semana pasado, afirmó que la banda delictiva Tren de Aragua mantiene una «guerra irregular» contra EE UU bajo la dirección del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump justificó la aplicación de la ley ultrabicentenaria extendiendo el concepto de guerra hasta deshilacharlo. Una práctica republicana que recuerda a la era de George W. Bush con su «guerra contra el terrorismo» que tuvo como base las guerras de Afganistán e Irak; esta última mediante la falsificación de pruebas de las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía el régimen de Sadam Hussein. El republicano también afirmó que la organización terrorista «está perpetrando, intentando y amenazando con una incursión depredadora en territorio estadounidense». Su léxico sigue servilmente la redacción del reglamento, en un intento claro de establecer un vínculo y justificar así su uso.