La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es inminente. Tras la aprobación de una reforma constitucional que contempla la eliminación de este organismo, junto con otras seis instituciones autónomas, se espera que en las próximas horas sea avalado un dictamen que oficializa la disolución de la entidad. Durante años, el INAI garantizó el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el país.
El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como «especialmente preocupante» la desaparición de este órgano autónomo. Señaló que dividir sus atribuciones entre distintas instancias generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales de la sociedad, debilitando la democracia, la transparencia y la protección de datos personales.
Pese a estas advertencias, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que este jueves se prevé la aprobación de un dictamen para establecer nuevas leyes de transparencia y reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, formalizando la desaparición del INAI. La extinción del instituto será efectiva al día siguiente de la promulgación de las nuevas leyes.
Ante este panorama, surge la interrogante sobre los mecanismos que los ciudadanos tendrán para ejercer su derecho a la información. En WIRED en Español explicamos las alternativas disponibles y los cambios en el acceso a los datos tras la desaparición del INAI.
Distribución de las competencias del INAI
Las funciones de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública del INAI serán asumidas por diversas instancias gubernamentales.
La Secretaría Anticorrupción creará el organismo Transparencia para el Pueblo, encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a nivel federal, incluyendo secretarías de Estado y órganos descentralizados del Poder Ejecutivo.
Las contralorías internas asumirán la responsabilidad en la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que el órgano de control y disciplina se encargará de la transparencia en el Poder Judicial de la Federación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizará la rendición de cuentas de los partidos políticos, en tanto que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje supervisarán a los sindicatos.
En los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la garantía de transparencia recaerá en sus respectivas áreas internas de gestión.
A nivel estatal, cada entidad federativa deberá establecer un organismo similar a Transparencia para el Pueblo en el Poder Ejecutivo local. La vigilancia sobre los poderes legislativo y judicial, así como sobre los órganos autónomos estatales, estará a cargo de sus respectivas contralorías internas.
Plataforma Nacional de Transparencia
Desde 2016, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha sido administrada por el INAI. Esta herramienta concentra la información pública que deben proporcionar instituciones y dependencias del gobierno federal, entidades y municipios. Incluye reportes de contratos, gastos en comisiones oficiales, directorios, informes y fichas de vida de los funcionarios, entre otros datos.
La PNT también permitía denunciar el incumplimiento de obligaciones de transparencia y solicitar revisiones sobre información proporcionada por dependencias. Hasta hace tres años, el 99% de las consultas ciudadanas se resolvieron a través de esta vía.
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