Trump recorta la investigación en Harvard y exige que acate medidas ideológicas; la universidad responde: “no”

La administración Trump ha estado utilizando los fondos federales para la investigación como un instrumento de control. El gobierno ha bloqueado miles de millones de dólares en fondos de investigación y ha amenazado con retener aún más para obligar a las universidades a adoptar reformas profundas. En el caso de la Universidad de Columbia, por ejemplo, esto incluye cambios en la dirección de cada departamento académico.

El viernes, el gobierno envió una lista de exigencias que presentó como necesarias para «mantener la relación financiera de Harvard con el gobierno federal». El lunes, la universidad respondió que aceptar estas exigencias significaría «permitir que el gobierno federal se apropiara de ella». La universidad también modificó su página web para presentar un extenso homenaje a la investigación y advertir sobre los peligros que corre.

Las represalias contra Harvard comenzaron casi de inmediato. El lunes por la tarde, la administración Trump suspendió 2,200 millones de dólares de la financiación destinada a la investigación. El martes, el propio Trump amenazó con impuestos.

Harvard publicó la carta que recibió de funcionarios federales, en la que se enumeran sus demandas. Algunas son previsibles, dados los intereses de la administración Trump. Los departamentos de admisiones y contratación tendrían que abandonar todas las iniciativas de diversidad, y los datos del profesorado y el alumnado se entregarían al gobierno federal para su auditoría. Al igual que en otras instituciones, también se presentan algunas exigencias en contra de lo que el gobierno califica como antisemitismo, como la desfinanciación de grupos propalestinos. En términos más generales, la administración de Trump exige que los funcionarios universitarios «impidan la admisión de estudiantes hostiles a los valores e instituciones estadounidenses».

También hay varios elementos básicos de la guerra cultural, como la exigencia de prohibir el uso de mascarillas y la prohibición de «eliminar de plataformas» a oradores en el campus. Además, el gobierno quiere que la universidad investigue a todo el profesorado contratado por plagio, lo que provocó la renuncia de la expresidenta de Harvard tras declarar ante el Congreso. Cualquier violación de estos códigos de conducta realizada por parte de un extranjero requeriría un informe inmediato al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado, presumiblemente para que pudieran deportarlo.

Sin embargo, lo más sorprendente de la carta es el cambio radical de tono sobre la diversidad. Tras presentar las iniciativas de diversidad de Harvard como la antítesis de un enfoque basado en el mérito, de repente exige que la universidad aplique lo que denomina diversidad de puntos de vista. Nunca define el significado de este término —¿quizás ahora se deba enseñar alquimia en el departamento de química?—. Se ordena a Harvard «auditar al alumnado, al profesorado, al personal y a la dirección en cuanto a diversidad de puntos de vista, de modo que cada departamento, campo o unidad docente sea individualmente diverso en cuanto a sus puntos de vista». Cualquier departamento que no supere la auditoría deberá empezar a contratar nuevo profesorado hasta que pueda cumplir con los estándares, aún no definidos, exigidos por el gobierno federal.

Una vez más, todo esto se presenta como necesario y condición de posibilidad para que Harvard continúe recibiendo fondos de investigación.

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La universidad ha decidido que estas demandas la obligan a luchar, y está atacando desde dos frentes. El primero es el público. Harvard ha vestido su página web principal con un homenaje a sus investigadores y al trabajo que realizan. Además, enlaces a 30 artículos individuales sobre la importancia de la investigación llenan el sitio. El mensaje es claro: la investigación amenazada importa, y la humanidad se verá perjudicada si se recorta su financiación.

Por otra parte, la respuesta legal de Harvard, publicada hoy, es básicamente: no. Tras detallar las medidas que la universidad ya ha adoptado para abordar el antisemitismo, llega al meollo del asunto: “Su carta ignora los esfuerzos de Harvard y, en cambio, presenta exigencias que, en contradicción con la Primera Enmienda, vulneran las libertades universitarias reconocidas desde hace tiempo por la Suprema Corte”. La carta alega que los perjuicios que estas exigencias pretenden abordar no se han demostrado mediante los procesos exigidos por la ley.

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Continúa calificando básicamente las demandas del gobierno como el equivalente a una adquisición hostil: “La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Harvard, como cualquier otra universidad privada, no puede permitirse ser intervenida por el gobierno federal. Por consiguiente, Harvard no aceptará las condiciones del gobierno”.

Seamos claros: es muy probable que Harvard se esté arriesgando a una pérdida catastrófica de financiación, lo que resultaría en el cierre de programas de investigación completos, despidos y estudiantes de posgrado sin posibilidad de continuar con sus proyectos de tesis. Podría ser una crisis que requiera generaciones de nuevos profesores para recuperarse. Y el golpe de 2,200 millones de dólares que ya ha sufrido es duro, incluso para una universidad con sus recursos.

Harvard ya vio cómo una de sus homólogas, la Universidad de Columbia, accedía a un conjunto de demandas algo más limitado solo para que, de todos modos, su financiación se recortara. Por ello, la decisión de prepararse para obtener el apoyo público y defenderlo en los tribunales no parece descabellada.

Artículo publicado originalmente en Ars Technica. Adaptado por Manuel de León.