Los centros de datos y sus costos ocultos en México, Chile, EE UU, Países Bajos y Sudáfrica

Los centros de datos, fundamentales para la infraestructura para la IA, a menudo se presentan como grandes oportunidades de crecimiento económico local. Sin embargo, un nuevo y informe titulado Where Cloud Meets Cement (Donde la nube se encuentra con el cemento, en español) saca a la luz los costos ocultos de estos centros. Cuatro investigadores de The Maybe realizaron un análisis de caso de cinco centros de datos ubicados en Chile, Estados Unidos, Países Bajos, México y Sudáfrica.

Según el informe, en la próxima década, se proyecta una inversión de más de 10 mil millones de dólares en el desarrollo de centros de datos en México por parte de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y AWS. El gobierno local había prometido la creación de miles de empleos, pero la realidad ha sido muy distinta. Según este informe, a dos años de su construcción, solo 17 personas trabajan en los dos centros operativos, lo que representa una pérdida económica del 83% frente a las expectativas.

Este desarrollo coincide con la peor sequía en Querétaro en lo que va del siglo, donde casi el 15% de la población carece de acceso constante a agua potable. Sin embargo, los centros de datos continúan consumiendo más de 600 millones de litros de agua al año. La privatización del agua en 2022 ha agravado esta crisis, permitiendo que empresas se beneficien de un recurso cada vez más escaso.

Además, estas infraestructuras ejercen presión sobre una red eléctrica ya debilitada, incrementando las fallas de energía y generando mayor dependencia de combustibles fósiles. Querétaro incluso ha iniciado la construcción de una segunda planta de gas natural, desoyendo las recomendaciones de un giro hacia las energías renovables. Pese a su impacto ambiental, los centros de datos están exentos de impuestos ecológicos bajo el argumento oficial de que “no contaminan”.

El avance de estos megaproyectos también ha implicado la venta de tierras comunales y afectado gravemente a comunidades indígenas como los Maconí y los Otomí, quienes denuncian el incumplimiento gubernamental de promesas de infraestructura a cambio del acceso al agua. Mientras tanto, la falta de información, la intimidación y la violencia impiden la organización efectiva. En 2022, 72 activistas fueron asesinados en México, muchos de ellos defensores indígenas de la tierra y periodistas que documentaban sus luchas.

Con información recogida durante cinco meses y a través de entrevistas con actores clave y análisis secundarios, este informe realizado por Hanna Barakat, Chris Cameron, Alix Dunn, Prathm Juneja y Emma Prest, explora: ¿Cómo están moldeando las agencias gubernamentales y las empresas tecnológicas el desarrollo de centros de datos? ¿Qué estrategias utilizan las comunidades locales para resistir los impactos perjudiciales de estos centros? ¿Qué recursos necesitan activistas, defensores e investigadores para fortalecer su labor de incidencia?

Los Centros de Datos como activos estratégicos y ocultos

Una de las conclusiones clave del informe es que los centros de datos son considerados activos estratégicos sujetos a dinámicas de poder geopolítico y agendas nacionales.

Existe una considerable presión sobre los responsables políticos y las comunidades locales para que adopten estos desarrollos sin una consulta adecuada o información sobre sus posibles impactos. Las narrativas en torno al desarrollo de centros de datos están en gran medida impulsadas por las empresas y los gobiernos. Las compañías, de manera estratégica, promocionan estos proyectos sobreprometiendo sus beneficios económicos y ecológicos y ofreciendo incentivos financieros. En algunos casos, las afirmaciones sobre consideraciones ambientales resultaron ser inexactas, lo que sugiere una intención deliberada.

El desarrollo de centros de datos avanza rápidamente, a menudo con procesos de licitación poco transparentes y sin normas o estándares centralizados para evaluar sus impactos ambientales. A pesar de los esfuerzos organizados para descubrir información, diversos incentivos y tácticas protegen los intereses de las empresas. La falta de información es la norma en todos los casos estudiados.

Las cargas ocultas de la infraestructura digital

En regiones que sufren sequía, como México y Chile, los centros de datos limitan el acceso al agua para las comunidades locales. En Querétaro, México, los centros de datos de Microsoft (Ascenty1 y Ascenty2) utilizan sistemas de enfriamiento intensivos en agua en una región con la peor sequía del siglo. Un solo centro podría consumir hasta 625 millones de litros de agua al año, utilizando agua de un acuífero que ya tiene un déficit de 56.8 mil millones de litros.

Los centros de datos consumen vastas cantidades de electricidad y energía. En Londres, han añadido strain a la red eléctrica, impidiendo la construcción de nuevas viviendas. En Missouri, la demanda energética de los centros de datos agrava una posición ya precaria en el suministro de energía del estado. El centro JN1 de Equinix en Sudáfrica, con una capacidad de 20 MW, utilizará cantidades sustanciales de electricidad en una región que ya enfrenta cortes de energía.

Otro asunto es la contaminación auditiva y del aire. En Peculiar, Missouri, la comunidad estaba preocupada por el ruido de baja frecuencia 24/7 de los sistemas de enfriamiento HVAC y la contaminación del aire y la luz. Además, limitan la diversificación económica al ocupar áreas que podrían apoyar otras industrias, como se vio en los Países Bajos.

También pueden generar preocupaciones sobre la disminución del valor de las propiedades y el desplazamiento de residentes. Las promesas de creación de empleo a menudo son exageradas; por ejemplo, en Querétaro, los centros de datos de Microsoft emplean solo a 17 personas, a pesar de la afirmación del gobierno de crear 100 empleos directos y 20,000 indirectos. El informe señala que los estudios encuentran que las empresas de centros de datos subestiman sus emisiones de carbono hasta en un 662%.

La resistencia comunitaria: una lucha desigual por la información

Ante la ausencia de reportajes críticos e información disponible públicamente, las comunidades se ven obligadas a recopilar datos de forma independiente. Esta tarea recae a menudo en organizaciones de defensa, periodistas de investigación o voluntarios dedicados. El proceso de descubrimiento de información es oneroso y, aun así, sigue siendo difícil evaluar el impacto de un desarrollo de centro de datos.

Los estudios de caso detallan diversas estrategias de resistencia comunitaria:

Santiago, Chile

El grupo MOSACAT, formado por residentes indignados por el consumo de agua de la propuesta de Google en medio de una sequía prolongada, utilizó activismo tradicional (diálogo comunitario, protestas, defensa legal), impulsó un referéndum local no vinculante que cambió la postura del alcalde, y mantuvo un diálogo persistente con Google, logrando que la empresa aceptara rediseñar el sistema de enfriamiento para usar menos agua. Un tribunal ambiental finalmente dictaminó que el proceso de aprobación inicial fue mal manejado.

Peculiar, Missouri, EE UU

Los residentes se movilizaron fuertemente contra el «Project Harper» de Diode Ventures. Utilizaron una campaña organizada en redes sociales, aprendizaje de experiencias de comunidades vecinas, e investigación local (solicitando registros gubernamentales, exponiendo reuniones secretas filtradas) para presionar a los funcionarios del gobierno local. A pesar de ser etiquetados como «NIMBY» (Not In My Backyard), los residentes insistieron en que su oposición era específica a los centros de datos. Su presión resultó en que la Junta de Aldermen votara para revertir la decisión de permitir centros de datos en la ciudad.

Zeewolde, Países Bajos

Los residentes, informados por primera vez de la propuesta de Meta («Operation Tulip») en una reunión del consejo local sin transparencia, formaron Sichting DataTruc. Se coordinaron a través de redes sociales para organizar protestas y compartir información, atrayendo la atención nacional. El periodismo de investigación local expuso el uso de una empresa pantalla y cuestionó las afirmaciones de sostenibilidad de Meta. La resistencia influyó en las elecciones locales, llevando a la elección de un concejal anti-centros de datos. Esto, combinado con la negativa de una agencia gubernamental a vender la tierra a Meta por no cumplir acuerdos ambientales, llevó a Meta a retirarse del proyecto.

Querétaro, México

La resistencia aquí está entrelazada con luchas por los derechos de las tierras indígenas y la justicia hídrica en el contexto de la sequía y la privatización del agua. Organizaciones como Voceras de la Madre Tierra y Bajo de Tierra Museo utilizan la intervención pública (incluida una en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), protestas organizadas y apoyo legal y educativo. Enfrentan tácticas de intimidación que dificultan la recopilación de información y el apoyo académico/periodístico. A pesar de la resistencia, la inversión en centros de datos en la región sigue creciendo.

Ekurhuleni, Sudáfrica

A diferencia de otros casos, el informe encontró poca o ninguna información documentada sobre resistencia comunitaria específica al centro de datos JN1 de Equinix. Esto se atribuye a la falta de transparencia, la escasa difusión de información sobre los impactos potenciales (muchos residentes desconocían el proyecto) y la limitación de tiempo y recursos de los activistas que ya trabajan en otras cuestiones ambientales urgentes en una región con escasez de agua y cortes de energía.

Recomendaciones para un futuro más justo

El informe concluye con recomendaciones clave para fundadores, responsables políticos y investigadores para abordar los impactos ambientales, sociales y políticos del desarrollo de centros de datos.

Estas incluyen aumentar la información y los recursos para gobiernos locales y comunidades para contrarrestar las narrativas corporativas de “greenwashing”; asegurar que la consulta comunitaria sea significativa, no meramente una formalidad posterior a las decisiones; proporcionar apoyo material a las comunidades que resisten, incluyendo financiación para litigios estratégicos, investigación y periodismo de investigación; exigir que la información clave se haga pública de forma proactiva, como evaluaciones de impacto ambiental detalladas sobre uso de energía, agua y emisiones.