Trump firma una polémica ley contra el contenido sexual no consentido

Otra preocupación es que el plazo de 48 horas especificado en la ley pueda limitar la capacidad de las empresas para examinar adecuadamente las solicitudes antes de decidir si las aprueban. Los grupos defensores de la libertad de expresión sostienen que esto podría llevar a eliminar contenidos que van mucho más allá de las «representaciones visualmente íntimas» no consentidas, e invitar al abuso por parte de los mismos tipos de estafadores que se aprovecharon de la DMCA.

Distinguir las quejas verdaderas de las falsas

Dado que recibe millones de solicitudes de retirada basadas en la DMCA cada año, Google reconoce que «a menudo debe confiar» en la «exactitud de las declaraciones presentadas por los reclamantes de derechos de autor». Es difícil imaginar que el proceso sea diferente en el caso de la Ley de Retirada de Contenidos, comenta a WIRED Becca Branum, subdirectora del Proyecto de Libre Expresión del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT, por sus siglas en inglés). El CDT recibe una parte minoritaria de su financiación de Google y otras gigantes tecnológicas.

«Las plataformas no tienen ningún incentivo ni obligación de asegurarse de que lo que llega a través del sistema sean imágenes íntimas no consentidas», señala Branum. Como a menudo es más barato y fácil para las empresas acceder a las solicitudes que investigarlas, puede que se retiren de internet más contenidos de los que realmente merecen ser eliminados. Branum menciona otro conjunto de leyes aprobadas por el Congreso hace unos siete años sobre contenidos relacionados con el tráfico sexual, que, según ella, también condujeron a la retirada de información no relacionada de la web.

En el marco de sus actuales procesos de retirada de imágenes íntimas no consentidas, algunas empresas tecnológicas exigen a los solicitantes que muestren una identificación expedida por el gobierno que confirme que son la persona representada. Pero los defensores de las víctimas argumentan que estas normas suponen una carga injusta para los solicitantes legítimos y ponen en peligro su intimidad.

La Ley de Retirada de Contenidos no exige la comprobación de identidad, y es posible que los molestos procesos para solicitar la eliminación de imágenes desencadenen el escrutinio de la FTC. Del mismo modo, los detractores de la ley también pueden pedir a la FTC, que suele alinearse con el partido político del presidente, que investigue a las empresas que permiten que se tramiten solicitudes falsas.

Ted Cruz y Amy Klobuchar, la pareja bipartidista de senadores que ayudó a que la norma se aprobara en el Congreso con poca oposición, no respondieron a las peticiones de comentarios sobre los problemas planteados por la legislación. Para los congresistas, la aprobación de la ley era imprescindible para proteger a personas como los adolescentes cuyas experiencias contribuyeron a darle forma. La esperanza es que las futuras víctimas recuperen su intimidad sin demora.

Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Alondra Flores.