Consulta ciudadana sobre gentrificación, entre protestas, leyes y una ciudad en disputa

La mandataria anunció que la iniciativa comenzará con una consulta pública que incluirá foros, mesas de trabajo y encuentros ciudadanos en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Escandón y San Miguel Chapultepec. En estas sesiones, que iniciarán el próximo 28 de julio, participarán autoridades locales, inquilinos, comerciantes, colectivos culturales, desarrolladores inmobiliarios y especialistas. Los primeros resultados se darán a conocer a finales de septiembre.

Brugada también informó que se realizará un censo para identificar a las personas desplazadas por la gentrificación. Esta tarea estará a cargo de la Secretaría de Vivienda, la cual, en un plazo de 15 días, definirá una ruta para detectar a los afectados y establecer mecanismos de apoyo para su reubicación. “[Los habitantes desplazados] son los primeros que deben recibir apoyo para regresar a las zonas de las que fueron expulsados; van a ser ellos”, destacó la funcionaria.

Además, señaló que su administración trabaja en un marco legal integral contra la gentrificación. Uno de los pilares es la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, cuyo objetivo es proteger a los inquilinos y limitar el poder de los arrendadores.

La legislación contempla la creación de la Defensoría Inquilinaria, un organismo público autónomo encargado de garantizar el equilibrio entre propietarios y arrendatarios.

También se prevé el establecimiento de un índice de precios de renta razonable en zonas identificadas como de alta tensión inmobiliaria, a fin de evitar aumentos desproporcionados. Dichos incrementos estarán limitados a porcentajes que no superen la inflación anual.

Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, explicó que las zonas críticas se determinarán mediante “indicadores técnicos objetivos”, como el aumento acelerado del valor del suelo, la disminución de la oferta de vivienda permanente y el crecimiento excesivo de alojamientos temporales.

Brugada aseguró que este marco legal “nos permitirá regular con claridad aspectos fundamentales como los aumentos de renta, el funcionamiento de las plataformas de alojamiento temporal y la protección efectiva de los derechos de los inquilinos». Se prevé que la iniciativa se presente en agosto y que sea enviada al Congreso local a principios de octubre para su discusión y eventual aprobación.

En paralelo, el Gobierno capitalino implementará medidas inmediatas, como la simplificación de trámites para acceder a vivienda y el lanzamiento de programas de rescate a pequeños comercios en zonas con alta presión inmobiliaria. Estas acciones se anunciarán en las próximas dos semanas.

“En cuatro meses contaremos con todas las herramientas jurídicas necesarias para actuar con determinación contra la gentrificación. La meta es construir una ciudad que priorice el interés social sobre la especulación, que proteja su tejido comunitario y que garantice el derecho de todas y todos a habitar los barrios donde han construido su vida”, concluyó Brugada.

Disturbios y advertencias de provocación

Uno de los propósitos de la movilización convocada para este fin de semana es presionar para que estas políticas se implementen con rapidez y realmente protejan los derechos de los pobladores. Aunque el Gobierno capitalino ha reconocido la legitimidad de estas protestas, ha señalado que algunos grupos opositores y de choque han intentado capitalizarlas para generar provocaciones y actos vandálicos.

Durante la marcha del 4 de julio se reportaron daños a decenas de comercios y restaurantes. La protesta del 20 de julio también terminó con actos de destrucción y saqueo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la librería Julio Torri, “instalaciones emblemáticas que promueven la reflexión, el arte y la literatura”, de acuerdo con la máxima casa de estudios.