Trump ordena el uso del ejército contra el narcotráfico y revive el debate sobre soberanía en América Latina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para que el Pentágono utilice activos militares contra cárteles de droga latinoamericanos calificados por su administración como organizaciones terroristas, según un reporte de The New York Times. La decisión representaría la medida más agresiva adoptada por el gobierno estadounidense hasta ahora en su combate al narcotráfico.

El decreto establece una base oficial que abre la posibilidad para realizar operaciones militares en territorio extranjero, tanto marítimo como terrestre, con el fin de frenar el tráfico de drogas. Esto implicaría un cambio drástico en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, al delegar a las Fuerzas Armadas funciones que históricamente han recaído en agencias policiales. Fuentes anónimas citadas por el diario señalan que funcionarios y mandos militares están desarrollando un plan para ejecutar las instrucciones presidenciales.

Actualmente, la Ley Posse Comitatus impide al ejército estadounidense participar en labores de aplicación interna de la ley civil, salvo en casos expresamente autorizados. La nueva directiva plantea un enfoque más agresivo: capturar o eliminar directamente a individuos vinculados con el narcotráfico. “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”, declaró Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.

Trump ha impulsado una política particularmente dura para contener el flujo de narcóticos. En meses recientes, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para impedir el ingreso ilegal de drogas y migrantes. A inicios de este año, designó como organizaciones terroristas a varios grupos vinculados al narcotráfico, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Desde entonces, la lista se ha ampliado con diversas células criminales, en su mayoría latinoamericanas.

Esta semana, los departamentos de Justicia y de Estado vincularon a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con el Cártel de Sinaloa. Lo calificaron como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y ofrecieron hasta 50 millones de dólares por su captura.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado las operaciones de vigilancia con drones para ubicar laboratorios de fentanilo en México. Reportes previos de CNN y The New York Times indican que esta táctica comenzó bajo la administración de Joe Biden como parte de una cooperación limitada con autoridades mexicanas para crear una unidad de inteligencia conjunta, la cual ha evolucionado bajo el gobierno de Trump. Los acuerdos bilaterales permiten a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y a otras agencias operar aeronaves en el espacio aéreo mexicano en coordinación con instancias nacionales. No obstante, los informes señalan que la nueva estrategia omite la participación de fuerzas del orden mexicanas y que los vuelos ahora penetran “hasta el interior del territorio soberano de México”.

México descarta invasión militar de Estados Unidos

En respuesta al reporte más reciente de The New York Times, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que su gobierno fue notificado sobre la firma de la orden ejecutiva. No obstante, aseguró que las intervenciones previstas no se llevarán a cabo en suelo mexicano. “[La orden] tiene que ver con su país, no con nuestro territorio. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos y colaboramos, pero no habrá invasión; eso está absolutamente descartado. Las agencias estadounidenses que tienen presencia en México están muy reguladas; probablemente somos el país con mayor control sobre agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de cualquier otro”, subrayó.

A inicios de este año, Sheinbaum presentó una propuesta de reforma para modificar el artículo 40 de la Constitución Mexicana y blindar legalmente la soberanía. La adición estipula que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto extranjero que vulnere la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, mar, aire o espacio”. También prohíbe intervenciones en investigaciones o procesos judiciales sin autorización expresa del Estado mexicano.

Históricamente, las Fuerzas Armadas estadounidenses han colaborado con autoridades latinoamericanas para combatir el narcotráfico, aunque con limitaciones legales. Sin embargo, algunos episodios han sido controvertidos. En 1989, la invasión a Panamá para capturar al exdictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, fue condenada por la Organización de las Naciones Unidas como “una flagrante violación del derecho internacional”. En la década de 1990, la cooperación militar con Colombia y Perú para interceptar vuelos sospechosos derivó en derribos injustificados, lo que provocó la suspensión del programa.

Analistas advierten que Washington ha buscado desde hace años intervenir militarmente en México mediante incursiones selectivas contra cárteles, pero alertan que la estrategia implica riesgos significativos.

“Al emplear el término ‘narcoterrorismo’, el gobierno estadounidense se otorga la facultad de intervenir militarmente en México. Sin embargo, esto podría deteriorar gravemente la relación binacional, ya de por sí delicada. Además, definir qué es un cártel resulta problemático: existen múltiples actores, organizaciones y redes en ambos lados de la frontera vinculados al tráfico de drogas. Hablar de narcoterrorismo es abordar un concepto impreciso y ambiguo. No hay evidencia concreta que lo sustente; su uso obedece más a fines políticos”, señaló en enero Oswaldo Zavala, autor del ensayo Imaginando la guerra contra las drogas entre Estados Unidos y México: Los límites críticos de las narcorrativas, para WIRED en Español.

El contralmirante retirado James E. McPherson, consultado por el Times, advirtió que emplear fuerza militar sin el consentimiento del país afectado constituiría “una importante violación del derecho internacional”, salvo en circunstancias muy específicas.