El mes pasado, los departamentos de Justicia y de Estado calificaron a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y ofrecieron hasta 50 millones de dólares por su captura, tras relacionarlo con el llamado «Cártel de los Soles».
Las acusaciones fueron rechazadas por Yván Gil, canciller de Venezuela, quien, según la BBC, las calificó como una “cortina de humo” para desviar la atención de otros asuntos globales. La postura fue respaldada por Diosdado Cabello, ministro del Interior, que afirmó que las declaraciones de Washington eran “una gran mentira”.
Estados Unidos intensifica su lucha contra el narcotráfico
En agosto, de acuerdo con The New York Times, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Pentágono a emplear activos militares contra cárteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. La medida representaría la estrategia más agresiva de su gobierno contra el narcotráfico.
El decreto establece una base legal para realizar operaciones militares en territorio extranjero, tanto marítimo como terrestre, lo que implica un cambio radical en la política de seguridad estadounidense al otorgar al Ejército funciones que tradicionalmente han correspondido a agencias policiales. Fuentes citadas por el diario indicaron que funcionarios y mandos militares ya elaboraban planes para ejecutar la instrucción presidencial.
Desde entonces, diversos reportes han informado que al menos siete buques de guerra llegaron a zonas cercanas a Venezuela, algunos con capacidad de ataque nuclear. Reuters señaló que Estados Unidos también desplegó alrededor de 4,500 marinos.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, afirmó la semana pasada que el objetivo de esta estrategia es “combatir y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas, los cárteles criminales y estas organizaciones terroristas extranjeras en nuestro hemisferio”.
Por su parte, Maduro negó que fuerzas militares estadounidenses ingresen a su territorio en el Caribe. Sin embargo, reconoció que Venezuela “enfrenta la mayor amenaza vista en el continente en un siglo”, aunque aseguró que no cederá ante la presión. “Si Venezuela fuera agredida, entraríamos inmediatamente en un período de lucha armada en defensa del territorio nacional, de su historia y de su pueblo”, advirtió.
Históricamente, las fuerzas armadas de Estados Unidos han colaborado con países latinoamericanos en el combate al narcotráfico, aunque bajo restricciones legales. Sin embargo, algunos episodios resultaron polémicos. En 1989, la invasión a Panamá para capturar al exdictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, fue condenada por la ONU como “una flagrante violación del derecho internacional”. En los años noventa, la cooperación con Colombia y Perú para interceptar vuelos sospechosos derivó en derribos injustificados, lo que provocó la suspensión del programa.
Analistas señalan que Washington ha buscado durante años incursionar militarmente en México y otras naciones latinoamericanas mediante operaciones selectivas contra cárteles, aunque advierten que esta estrategia conlleva riesgos considerables.
El contralmirante retirado James E. McPherson, consultado por el Times, advirtió que emplear la fuerza militar sin el consentimiento del país afectado constituiría “una grave violación del derecho internacional”, salvo en circunstancias muy específicas.
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