Israel está encarcelando a civiles palestinos como terroristas, aunque sabe que no lo son.

Según los tres periódicos, este sistema de detenciones masivas es posible gracias a la Ley de Combatientes Ilegales, promulgada en 2002 durante la Segunda Intifada, que permite a Israel detener a personas durante conflictos armados sin reconocerlas como prisioneras de guerra según las Convenciones de Ginebra. La legislación también niega a los detenidos el acceso a un abogado durante un máximo de 75 días consecutivos, creando una situación en la que los tribunales israelíes prorrogan casi automáticamente la detención de palestinos basándose en «pruebas secretas» presentadas en vistas que duran apenas unos minutos.

Los propios jueces israelíes ponen de relieve la arbitrariedad de la definición de «terroristas». Durante los meses de guerra, más de 2,500 prisioneros, clasificados inicialmente como «combatientes ilegales», fueron puestos en libertad porque las autoridades reconocieron que no eran realmente militantes. Otros 1,050 prisioneros fueron liberados en intercambios acordados con Hamás, lo que confirma el carácter a menudo discrecional de las detenciones iniciales. Entrevistado por los tres periódicos, Samir Zaqout, director adjunto del centro de derechos humanos Al Mezan, quien ha representado a centenares de civiles en cárceles israelíes, calcula que uno de cada siete o, como máximo, seis detenidos tiene vínculos con Hamás u otras facciones armadas, a menudo limitados a una simple afiliación política y no a una implicación militar concreta.

Civiles detenidos y sometidos a torturas y abusos sistemáticos en las cárceles

Además de las detenciones abusivas, los testimonios recogidos por la investigación dibujan un panorama sistemático de malos tratos y tortura en los centros de detención israelíes, prácticas que, según los testigos, afectan indiscriminadamente a todos los detenidos palestinos. Un soldado que prestó servicio en el centro de detención de Sde Teiman, instalación que se ha convertido en símbolo de los abusos israelíes, describió a los periodistas la existencia de un recinto apodado «el recinto geriátrico» porque todos los detenidos que había en su interior eran ancianos o estaban gravemente heridos, muchos de ellos sacados directamente de hospitales de Gaza durante incursiones militares. Según el testimonio del soldado recogido por la investigación, el ejército israelí trasladaba regularmente a la prisión grupos de pacientes del hospital de Beit Lahiya, uno de los principales centros médicos del norte de Gaza, incluidos hombres en silla de ruedas y personas mutiladas por los bombardeos.

Los tres periódicos informan, además, que las detenciones abusivas no solamente afectan a ancianos o heridos, sino también al personal médico de Gaza. Según Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI), más de 100 trabajadores médicos permanecen detenidos bajo la etiqueta de «combatientes ilegales», sin ninguna prueba de su implicación en actividades militares. Los testimonios recogidos por la organización y por la investigación describen abusos sistemáticos: médicos y cirujanos golpeados hasta romperse las costillas, sometidos a descargas eléctricas u obligados a mantener la cabeza en la grava bajo el sol durante horas. Entre las víctimas se encuentra el doctor Adnan Al-Bursh, jefe del departamento de ortopedia del hospital Al-Shifa, que murió bajo custodia israelí tras su detención en diciembre de 2023, torturado hasta la muerte según su familia. Otro médico, Iyad Al-Rantisi, director de un hospital de mujeres de la Franja de Gaza, murió en un centro de interrogatorios del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí.

Artículo publicado originalmente en WIRED Italia. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.