Uno de cada cinco cigarros que se fuman en México es ilegal. Esto equivale a millones de productos que se venden sin control sanitario, sin pagar impuestos y en muchos casos, bajo el amparo del crimen organizado. Según el estudio La comercialización de los cigarrillos ilegales y semilegales en México del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), el consumo de estos productos pasó del 8.5% en 2017 al 20.4% en 2023. Es decir, en apenas seis años el mercado negro del tabaco en el país se duplicó.
El fenómeno, explica el investigador Manuel Pérez Aguirre, combina tres ingredientes: precios altos por los impuestos, una vigilancia estatal limitada y redes criminales que encontraron en el tabaco un negocio “multimillonario, pero prácticamente invisible”.
Suben los impuestos, crece el contrabando
El punto de quiebre ocurrió en 2011, cuando el gobierno federal aumentó 30% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros. Aquella medida, pensada para desincentivar el tabaquismo y aumentar la recaudación, detonó un efecto contrario: los cigarros ilegales se volvieron una opción más barata y fácil de conseguir.
“Es un fenómeno global”, recuerda Pérez Aguirre. “Uno de cada cinco cigarros que se consumen en América Latina es ilegal, pero en México el problema se aceleró con la política fiscal”.
De acuerdo con La Jornada, el nuevo incremento del IEPS aprobado hace apenas dos semanas podría agravar el problema, pues al subir el precio de las marcas legales, los consumidores de bajos ingresos buscarán alternativas más baratas, aunque sean de dudosa procedencia.
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La “caja chica” del crimen organizado
El documento del Colmex va más allá de la simple evasión fiscal, estimada en 13 mil millones de pesos anuales, según El Financiero: plantea que el tabaco ilegal se ha convertido en una de las fuentes de ingreso más estables para las redes criminales.
Las razones son simples, ya que es un producto de alta demanda, fácil transporte y bajo riesgo penal comparado con otras actividades ilícitas. En muchos casos, los grupos delictivos controlan la distribución de cajetillas en tianguis, bares o tiendas pequeñas, donde los llamados “cigarros sueltos” son parte del paisaje cotidiano.
El estudio describe incluso un patrón de “violencia regulatoria”: amenazas, extorsiones y decomisos ilegales para obligar a los tenderos a vender ciertas marcas. Hasta 90% de los comerciantes en la frontera norte, señala el informe, han sido presionados o extorsionados por grupos que monopolizan la venta.
Cigarrillos “mixtos”: el nuevo disfraz de la ilegalidad
El avance del Colmex identifica un tipo de producto que opera en la zona gris, los llamados “cigarros mixtos”, que parecen legales a simple vista, pero no cumplen del todo con la normativa. Tienen sellos fiscales falsificados o parciales, advertencias sanitarias incompletas y empaques que imitan a las grandes marcas. Gracias a estas simulaciones, logran entrar en el mercado formal y confundirse con productos legítimos.
La investigación revela que buena parte de estos cigarros proviene de países como China y Corea del Sur, aunque también hay producción nacional irregular. Algunos paquetes cuestan una cuarta parte de lo que vale una cajetilla legal, entre 15 y 30 pesos, lo que los hace irresistibles para consumidores de menores ingresos e incluso para adolescentes.
El costo oculto: salud pública y pérdidas fiscales
El Colmex advierte que los cigarros ilegales reproducen los mismos daños a la salud que los legales, pero añaden riesgos adicionales al no pasar por controles sanitarios. “No existe certeza sobre los compuestos que inhalan los consumidores”, detalla el informe.
Además, el Estado pierde miles de millones de pesos en impuestos que podrían destinarse a programas de salud. Con el nuevo aumento del IEPS previsto para 2026, la evasión podría duplicarse y alcanzar los 30 mil millones de pesos, según cálculos del estudio.
¿Qué se puede hacer?
El informe propone reforzar la capacidad aduanera, emitir una Norma Oficial Mexicana específica para la fabricación de tabaco, que hoy no existe y mejorar la coordinación entre el SAT y la COFEPRIS para rastrear los códigos fiscales en las cajetillas.
Mientras tanto, el problema sigue creciendo en silencio. Como resume El Financiero, este “huachicol cigarrero” es un negocio tan rentable como invisible, con pérdidas millonarias para el país y ganancias que terminan, una vez más, en manos del crimen organizado.
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