El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alista una de las estrategias de fiscalización más amplias de los últimos años, pues tiene 16,200 auditorías programadas para 2026, dirigidas a contribuyentes con alto riesgo de evasión o elusión fiscal, según un comunicado oficial del organismo.
De acuerdo con el SAT, las revisiones se aplicarán de forma selectiva con base en indicadores de riesgo. La lista incluye conductas como operaciones con factureras o nomineras, pérdidas fiscales recurrentes, abuso de deducciones, ingresos no declarados o devoluciones improcedentes. El objetivo, dice la autoridad, es garantizar “piso parejo” entre quienes sí cumplen y quienes buscan esquivar al fisco.
El grupo de contribuyentes en México supera los 66 millones de registros, por lo que las auditorías anunciadas representan apenas el 0.02% del padrón nacional, aunque el SAT asegura que se enfocará en los casos con mayores irregularidades.
Quiénes serán auditados: el SAT quiere revisar desde grandes corporativos hasta pymes
Según Bloomberg Línea, las 16,200 auditorías se dividirán entre 1,200 grandes contribuyentes, 12,000 pequeñas y medianas empresas y 3,000 relacionadas con comercio exterior. Estas últimas tendrán atención especial por irregularidades en importaciones, precios por debajo del mercado o incumplimientos regulatorios.
El SAT precisó que las revisiones se concentrarán en quienes presenten inconsistencias graves entre lo que declaran, importan o venden. En su comunicado, el organismo advierte:
“A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo”
Esta estrategia forma parte del Plan Maestro del SAT, una política multianual que desde 2024 ha incrementado los ingresos tributarios a través de la regularización de contribuyentes. De acuerdo con SinEmbargo, al cierre de 2024 se alcanzó una recaudación de un billón de pesos por auditorías y eficiencia recaudatoria, un aumento real de 33% respecto a 2023.
Nuevas facultades y más vigilancia fiscal
El anuncio del SAT llega justo después de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), aprobada por la Cámara de Diputados, que otorga mayores facultades de fiscalización a la autoridad tributaria.
Según El Informador, el nuevo marco legal permitirá al SAT negar inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes a personas vinculadas con empresas que hayan emitido facturas falsas, realizar visitas domiciliarias exprés de hasta 24 días hábiles y suspender sellos digitales cuando detecte irregularidades.
También, las plataformas digitales como Amazon, Netflix o Mercado Libre deberán otorgar acceso en tiempo real a su información fiscal, una medida que especialistas califican como “vigilancia continua” y potencialmente invasiva. Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que el SAT “tendrá capacidad de comparar lo que gastas y lo que declaras; si hay diferencias, asumirá que omites ingresos”.
La lupa sobre los evasores más grandes (y conocidos)
El SAT ha reiterado que estas auditorías no están dirigidas a todos los contribuyentes, sino a quienes presentan patrones de riesgo. Pero el anuncio ocurre mientras continúan los litigios de alto perfil, como el caso Ricardo Salinas Pliego, acusado de usar estructuras corporativas para simular pérdidas y evitar el pago de miles de millones en impuestos.
De acuerdo con SinEmbargo, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, aseguró que las estrategias de evasión de Grupo Salinas incluyen fusiones y divisiones diseñadas para generar pérdidas fiscales artificiales. Actualmente, el monto litigado asciende a 48,382 millones de pesos, y ya dos instancias han fallado a favor del SAT.
Más recaudación, pero también más control
Aunque el SAT defiende que su nueva política de auditorías fortalece la transparencia y la justicia fiscal, los especialistas advierten que el énfasis en el control digital podría tener efectos secundarios.
Según El CEO, el proceso de selección “prioriza a los contribuyentes con mayores indicadores de riesgo para dirigir los esfuerzos de auditoría de manera más eficiente”, pero también refuerza el poder de vigilancia de la autoridad.
En palabras de Marco Aurelio Núñez, abogado fiscal de la Universidad Panamericana, la medida responde a una urgencia recaudatoria: “El gobierno necesita dinero y la fiscalización masiva es el camino más corto”. El SAT, por su parte, concluye su comunicado con un mensaje de propósito colectivo:
“Todas y todos contribuimos al bienestar de México”.
El problema, dicen los expertos, es que en ese “bienestar fiscal” la línea entre justicia tributaria y exceso de control parece cada vez más delgada.
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