CURP biométrica, las nuevas facultades del SAT y otras leyes de recolección de datos violan derechos humanos

Recientemente Artículo 19 ha vuelto a advertir acerca de una serie de legislaciones en México, las cuales, considera, son «profundos riesgos para los derechos humanos» debido a las atribuciones de vigilancia que estas otorgan a las instituciones. En concreto, los activistas se refieren a la Ley General de Población, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como las reformas al Código Fiscal de la Federación. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la organización, las leyes y reformas que «permiten la recopilación, interconexión y análisis de datos biométricos, financieros, fiscales, de salud, de telecomunicaciones y de geolocalización» de los mexicanos no cuentan con garantías efectivas y despiertan preocupación entre grupos de activistas. Lo anterior debido a que, según Artículo 19, México cuenta con antecedentes como el uso del malware Pegasus contra periodistas y defensores, la vigilancia extrajudicial de activistas y el abuso del acceso a datos de telecomunicaciones.

Preocupa sistema masivo de vigilancia 

Artículo 19 señala que las iniciativas presentadas por el gobierno federal buscan crear una infraestructura nacional de datos. Entre las medidas más polémicas se encuentra la CURP biométrica obligatoria, la cual «consolida datos sensibles en una plataforma estatal interconectada con bases de datos públicas y privadas«. 

También advierte acerca de la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, un sistema que permitiría al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional acceder en tiempo real a información personal almacenada en múltiples bases de datos sin autorización judicial.

Otro aspecto preocupante, según Artículo 19, es la reiteración de poderes de geolocalización en tiempo real sin una orden judicial, incluso por parte de las fuerzas armadas. Este tipo de medidas ya ha sido cuestionado en el pasado por activistas, quienes las consideran contrarias al derecho a la privacidad.

A todo esto se suma la propuesta de agregar el Artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, que facultaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales cuando considere que «impiden el cumplimiento de las disposiciones fiscales«.

Un precedente peligroso 

Esta no es la primera vez que Artículo 19 se posiciona al respecto de este tema. Hace ya algunos meses, la organización señalaba que «la consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático«.

La organización finaliza su más reciente comunicado con una advertencia: la legalización de estas prácticas normalizaría la vigilancia estatal y debilitaría los contrapesos institucionales diseñados para proteger la libertad de expresión y la privacidad. “Lo que ocurre hoy en México sienta un precedente peligroso para toda la región”, señaló.