México busca una ley federal para combatir la extorsión

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta busca unificar la definición del delito en todo el país, identificar sus principales modalidades y homologar las sanciones correspondientes. Actualmente, este crimen se tipifica, investiga y castiga de forma distinta en cada estado de la República.

“La iniciativa tiene por objeto proponer al Congreso de la Unión una ley que regule esos propósitos y otorgue herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prevengan eficazmente la extorsión, empleen técnicas de investigación específicas, implementen medidas de protección y asistencia para las víctimas, testigos y ofendidos, y coordinen eficientemente sus esfuerzos”, señala la Cámara de Diputados en un boletín informativo.

El decreto enviado por la Presidencia, publicado en la Gaceta Parlamentaria, también reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Las modificaciones establecen que la extorsión y los delitos relacionados “se investiguen y persigan de oficio”, lo que implica que ya no sería necesario que las víctimas presenten una denuncia formal para que las autoridades actúen. Además, se permitiría que cualquier persona denuncie de forma anónima.

Esta medida busca contrarrestar las bajas tasas de denuncia en torno a este delito. De acuerdo con cifras oficiales, el 96.7% de los casos de extorsión no se reporta debido a la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

La propuesta fija una pena de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes, sin derecho, obliguen a otros a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el fin de obtener un beneficio o lucro propio o para terceros, o bien causar un daño patrimonial, moral, físico o psicológico.

La reforma identifica 34 agravantes agrupadas en tres categorías según la gravedad del daño, entre ellas el cobro de piso, los casos en que las víctimas sean migrantes o menores de edad, y aquellos perpetrados por servidores públicos.

Extorsión a la alza en México

En materia de ejecución penal, la iniciativa propone crear un régimen que impida a los sentenciados por extorsión acceder a beneficios preliberacionales o a la conmutación de la pena. Esta restricción podría revertirse únicamente en casos donde exista una colaboración efectiva con las autoridades para esclarecer los hechos.

El decreto reconoce que la extorsión se ha expandido y sofisticado debido a la diversificación de los medios utilizados para cometerla, como herramientas telefónicas, electrónicas y tecnologías de comunicación que permiten al agresor no tener contacto directo con la víctima. En este contexto, propone sanciones para quienes asistan o auxilien a los delincuentes, así como para “quienes introduzcan o intenten introducir a centros penitenciarios dispositivos electrónicos o sus componentes, generalmente empleados para realizar conductas extorsivas”.

En México se registraron 10,804 víctimas de extorsión durante 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los estados más afectados son Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz, que concentran el 61.1% de los casos reportados entre 2024 y enero de 2025. La situación del Estado de México destaca por su gravedad: acumula el 28.5% de las incidencias nacionales.

Especialistas consideran que estas cifras reflejan la ineficacia de las estrategias de seguridad para contener un crimen que genera miedo e incertidumbre entre la población. Esta percepción inhibe a las víctimas de presentar denuncias, pese a la existencia de diversos mecanismos de atención.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ofrece asesoría y acompañamiento a través del número 55 5533 5533, además de la aplicación No más XT, que cuenta con una base de datos de números telefónicos utilizados en extorsiones.

En la Ciudad de México, las víctimas pueden denunciar de forma anónima y las 24 horas del día al número 089, o acudir a la agencia del Ministerio Público más cercana. Las autoridades solicitan el número telefónico del que provino la llamada y, en caso de existir, la cuenta bancaria proporcionada por los agresores.