Qué es la flota fantasma, el sistema que permite a Rusia seguir exportando crudo y financiar la guerra

Hasta ahora, Europa ha intentado bloquear el petróleo ruso con sanciones, listas negras y prohibiciones. Pero Rusia lo ha burlado utilizando la «flota fantasma», es decir, cientos de petroleros viejos que navegan bajo banderas extranjeras. Ahora Bruselas quiere dar el siguiente paso: detener estos buques en alta mar y abordarlos para inspeccionarlos.

Hay cientos de buques viejos y destartalados, registrados bajo banderas de conveniencia, como Panamá o Gabón, que desconectan los sistemas de identificación y cambian de nombre constantemente. Las autoridades occidentales los llaman la flota fantasma, una red de buques que permite a Moscú seguir vendiendo petróleo a precios superiores al límite impuesto y así financiar la guerra en Ucrania. Un documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el organismo diplomático de la UE, visto por el medio Politico, refiere que Bruselas está presionando a los estados miembros para que aprueben una declaración marítima para obtener el derecho a inspeccionar estos barcos incluso antes de que entren en aguas territoriales europeas.

La propuesta fue discutida a comienzos de la semana por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Sin embargo, detener buques extranjeros en alta mar es un asunto extremadamente delicado desde el punto de vista del derecho internacional, y Rusia podría interpretarlo como un acto hostil.

¿Por qué es un problema?

Según estimaciones del SEAE, citadas por Reuters, la llamada flota fantasma comprende entre 600 y 1,400 buques. Hasta ahora la UE ha sancionado a más de 400 de ellos, pero con el 19º paquete de medidas restrictivas, previsto para la próxima semana, se espera que la cifra aumente a unos 560. Se trata de buques que, para eludir los controles, desactivan habitualmente los sistemas automáticos de identificación (AIS), transmiten señales falsas y realizan trasvases de petróleo de buque a buque en alta mar. Estas prácticas no solo violan la normativa internacional, sino que aumentan el riesgo de colisiones y desastres medioambientales. Autoridades occidentales, como el presidente francés Emmanuel Macron, estiman que entre el 30% y el 40% de la financiación de la invasión rusa de Ucrania proviene de las operaciones de la flota fantasma.

No obstante, el problema va más allá de las cuestiones económicas o medioambientales, también afecta a la defensa. De hecho, estos buques también podrían utilizarse para ataques híbridos contra Europa. Existen sospechas de que algunos han dañado cables submarinos en el mar Báltico o lanzado drones para perturbar aeropuertos. Ante esta amenaza, varios países europeos tomaron medidas. A principios de octubre de 2025, Francia incautó frente a Saint-Nazaire el petrolero Boracay, sospechoso de lanzar drones sobre Dinamarca. Estonia ya había detenido en abril al Kiwala, con destino a puertos rusos. En incidentes similares también se vieron implicados Alemania y Finlandia con el Eagle S. El documento elaborado por el Espacio Económico Europeo (EEE) señala que los Estados miembros están mostrando un renovado ímpetu hacia acciones más enérgicas. Aunque se trataba de operaciones puntuales, Bruselas busca ahora un cambio estructural en su enfoque.

La nueva estrategia de Bruselas

El salto cualitativo que pretende dar la UE plantea complejas cuestiones jurídicas. El proyecto de declaración marítima presentado por el Servicio Europeo de Acción Exterior propone establecer acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y los Estados de abanderamiento, es decir, los países bajo cuya bandera están registrados los buques, para autorizar inspecciones preventivas a bordo de embarcaciones sospechosas. Sin embargo, detener y abordar buques extranjeros en alta mar sigue siendo una cuestión sumamente delicada desde el punto de vista del Derecho internacional.

Según la Convención de la ONU, las aguas internacionales son zonas donde ningún Estado ejerce soberanía y cada buque solo responde ante las leyes del país de su pabellón. El ejemplo más reciente de violación de la Convención se produjo hace tres semanas cuando, a principios de octubre de 2025, Israel interceptó la Flotilla Global Sumud, 44 barcos con más de 500 activistas de 44 países que transportaban ayuda humanitaria a Gaza, a unas 150 millas náuticas de la costa. La operación resultó en arrestos masivos y deportaciones, por lo que Amnistía Internacional y las Naciones Unidas condenaron la acción como ilegal, un crimen de guerra, que desató protestas en docenas de ciudades de todo el mundo.

Bruselas no quiere actuar unilateralmente, sino que busca acuerdos previos con los países bajo cuya bandera navegan los petroleros rusos para obtener una autorización explícita antes del abordaje. La diferencia entre ambos casos afecta no solo al método, sino también al fondo: la Flotilla Global Sumud transportaba ayuda humanitaria, los petroleros rusos son buques comerciales acusados de violar sanciones internacionales y sospechosos de servir para ataques híbridos contra infraestructuras europeas, como cables submarinos y aeropuertos.