Senado aprueba hasta 42 años de prisión para castigar la extorsión en México

Además, se prevé una pena de seis a 12 años de cárcel para “quien, sin autorización, introduzca a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o componente que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, internet o tecnología análoga”, con el propósito de facilitar prácticas extorsivas.

El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, señaló que “la extorsión es una lacra que afecta las actividades económicas de comunidades completas y, especialmente, vulnera la tranquilidad de las familias. Su expansión se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y por la corrupción que ha permitido que las cárceles y centros penitenciarios se conviertan en centros de operación de este delito”.

¿La nueva ley para combatir la extorsión sin recursos?

A su vez, el decreto obliga a autoridades judiciales y penitenciarias a garantizar la seguridad de víctimas, ofendidos o testigos durante todas las etapas del proceso legal, especialmente cuando existan amenazas contra su vida, libertad o integridad física o mental. La Cámara Alta modificó el documento para incorporar la perspectiva de género en los mecanismos de atención y asistencia a personas afectadas por actos de extorsión.

Finalmente, la iniciativa establece que, en caso de que el Estado logre recuperar bienes relacionados con la comisión del delito, se dará prioridad a la víctima para que reciba una compensación económica por los daños ocasionados. El proyecto ahora será turnado a la Cámara de Diputados, donde se analizarán los cambios aprobados por el Senado.

Aunque la asamblea avaló el decreto en lo general por unanimidad, legisladores de la oposición advirtieron que la reforma no contempla los recursos necesarios para garantizar su operación efectiva.

Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó que esta nueva normativa carezca de un presupuesto adecuado, especialmente después del recorte asignado a la Secretaría de Seguridad Pública. “Esperamos que funcione, pero va a funcionar mejor si le ponen dinero”, subrayó.

La postura fue respaldada por las senadoras panistas Gina Andrea Cruz Blackledge, Kenia López Rabadán y Guadalupe Murguía Gutiérrez Murguía Gutiérrez. Esta última advirtió que la creación de oficinas especializadas y la capacitación de personal en las fiscalías estatales requerirán recursos adicionales. “Si no garantizamos presupuesto suficiente para la implementación, el seguimiento y la persecución del delito, esto quedará como un catálogo de buenas intenciones”, afirmó.

En México se registraron 10,804 víctimas de extorsión durante 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los estados más afectados son Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz, que concentran el 61.1% de los casos reportados entre 2024 y enero de 2025. El Estado de México destaca por su gravedad, ya que concentra el 28.5% de las incidencias nacionales.

Especialistas consideran que estas cifras reflejan la insuficiencia de las estrategias de seguridad para contener un delito que genera miedo e incertidumbre entre la población. Esta percepción inhibe a las víctimas de denunciar, pese a la existencia de distintos mecanismos de apoyo.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ofrece asesoría y acompañamiento a través del número 55 5533 5533 y de la aplicación ‘No más XT’, que integra una base de datos de números telefónicos utilizados en extorsiones.

En la Ciudad de México, las víctimas pueden denunciar de manera anónima las 24 horas en el número 089 o acudir a la agencia del Ministerio Público más cercana. Las autoridades solicitan el número telefónico del que provino la llamada y, en caso de existir, la cuenta bancaria proporcionada por los agresores.