México castigará hasta con ocho años de prisión la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta, almacenamiento, distribución y promoción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en México. El dictamen será enviado al Senado para su análisis y eventual entrada en vigor.

El documento establece que se entenderá por cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas análogos “todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, utilizado para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.

La modificación normativa contempla una prohibición absoluta en todas las etapas de la cadena de suministro y comercialización de estos productos, incluida la venta al público, la adquisición con fines comerciales, la importación y exportación, el almacenamiento y la fabricación dentro del territorio nacional.

Asimismo, se prevén penas de uno a ocho años de prisión, además de multas que van de 100 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (equivalentes a aproximadamente entre 11,000 y 226,000 pesos), para quienes adquieran, fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares con fines lucrativos, incluidos aquellos desechables o de un solo uso.

Los diputados aprobaron una reserva para garantizar que el consumo y la posesión para uso personal de estas alternativas al tabaco no sean sancionados. Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que con esta precisión “queda jurídicamente blindado que el consumo y la posesión para uso personal no constituyan infracción alguna”. Las sanciones solo se aplicarán a quienes fabriquen, distribuyan, comercialicen u obtengan lucro indebido mediante estos productos.

La reforma también prohíbe cualquier acto de publicidad o propaganda que incentive el consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, digitales, televisivos, radiales o cualquier otra plataforma de comunicación.

Entre la prohibición de los vapeadores y un mercado negro en crecimiento

El año pasado, México se convirtió en el único país del mundo que prohíbe a nivel constitucional “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que reformó los artículos 4 y 5 de la LGS. Sin embargo, los legisladores tenían un plazo de 180 días hábiles para emitir las disposiciones reglamentarias que permitieran aplicar la restricción.

Las reformas aprobadas esta semana representan el primer paso para cubrir el vacío legal que, según algunos diputados, ha sido aprovechado por una industria emergente que presenta estos dispositivos como herramientas para dejar de fumar, pese a la falta de evidencia científica concluyente.

Gilberto Daniel Castillo García, diputado de Morena, sostuvo que la reforma no se dirige contra los consumidores, sino que sanciona de manera explícita la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos equivalentes. No obstante, reconoció la necesidad de afinar la redacción para evitar interpretaciones ambiguas.

Por su parte, Federico Döring, legislador del Partido Acción Nacional, enfatizó que la reserva aprobada corrige los problemas de redacción del dictamen original presentado por el Ejecutivo Federal, el cual “sí criminalizaba el consumo y la portación de vapeadores”. Sin embargo, puntualizó que la excepción “no resuelve el problema, solo evita que se encarcele a alguien por portar libremente estos dispositivos”. Advirtió que la reforma podría incentivar el crecimiento del mercado informal, que actualmente genera ganancias millonarias para grupos delictivos.

Se estima que al menos siete células criminales mexicanas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana y La Unión Tepito, controlan el mercado ilegal de vapeadores y productos de tabaco en el país, con ingresos anuales que oscilan entre 15 y 20 millones de pesos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los cigarrillos electrónicos “son una trampa” que pone en riesgo a cerca de 2,000 millones de personas en el mundo. Señala que esta tecnología surgió como sustituto del tabaco; sin embargo, la mayoría de estos dispositivos contienen nicotina, sustancia asociada con adicción y con problemas en el desarrollo cerebral, especialmente en jóvenes menores de 20 años.

Según el organismo internacional, el 85% de los países desarrollados cuenta con leyes que limitan el uso de vapeadores y productos similares. Regulaciones equivalentes operan en 40% de las naciones en desarrollo, mientras que el 79% de las regiones más pobres trabaja para controlar la venta de estos dispositivos.