Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, otorgar acceso total a Washington a los recursos naturales y energéticos del país sudamericano. La exigencia constituye la declaración pública más reciente sobre las expectativas del mandatario estadounidense tras la intervención militar que derivó en la detención de Nicolás Maduro: garantizar que Estados Unidos se beneficie directamente de la riqueza petrolera venezolana.
Diversos líderes políticos de la región han advertido que estas intenciones, así como la forma en que se pretende concretarlas, representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social no solo de Venezuela, sino de América Latina en su conjunto. Pese a ello, Trump ha defendido que el objetivo de su administración es recuperar los derechos energéticos de los que —según su versión— varias empresas estadounidenses fueron despojadas durante el proceso de expropiaciones impulsado por el gobierno venezolano en 2007, bajo la presidencia de Hugo Chávez.
La postura del mandatario estadounidense ha reavivado el debate sobre el verdadero trasfondo de la intervención. ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿Cuánto podría ganar Estados Unidos si logra ejercer control sobre la industria petrolera venezolana?
Petróleo venezolano en números
De acuerdo con el Boletín Estadístico Anual 2024 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) —el más reciente con datos específicos sobre Venezuela—, al cierre de 2023 Venezuela concentraba 303,008 millones de barriles de reservas probadas de crudo. Esta cifra equivale a poco más del 19% de las reservas mundiales, lo que posiciona al país sudamericano como la nación con mayores reservas certificadas a nivel global.
Sin embargo, la capacidad productiva de Venezuela se ha deteriorado de manera sostenida durante la última década. En el sector petrolero, la producción se ha reducido de forma considerable como resultado de una combinación de factores, entre ellos políticas internas que han limitado la inversión, la pérdida de capital humano especializado, el deterioro de la infraestructura energética y, en años recientes, las restricciones asociadas a las sanciones internacionales. A ello se suma que una parte considerable del petróleo aún no explotado se encuentra en yacimientos marítimos o en formaciones subterráneas profundas y corresponde, en su mayoría, a crudo pesado y extrapesado, cuya extracción resulta técnicamente compleja y financieramente gravoso para las empresas locales.
Los 10 principales países poseen 1.5 billones de barriles de reservas probadas de petróleo, pero la producción real varía considerablemente.Visual Capitalist/Getty Images
Como resultado, la producción venezolana de crudo se ubicó, hasta hace dos años, en alrededor de 782,000 barriles diarios. Este volumen representa menos del 3% de la producción total de la OPEP y contrasta de manera significativa con países como Arabia Saudita, cuya producción superó los 9.6 millones de barriles diarios en el mismo periodo. La cifra venezolana también se encuentra muy por debajo de los cerca de 3.5 millones de barriles diarios alcanzados a finales de la década de 1990, cuando el país figuraba entre los principales productores del mundo y concentraba más del 7% de la producción global de petróleo.
A pesar de estas limitaciones estructurales, el comercio exterior de Venezuela continúa dependiendo en gran medida del sector energético. En 2023, la venta de bienes venezolanos al extranjero alcanzó un valor total de 16,910 millones de dólares. De ese monto, las exportaciones petroleras aportaron más del 80% de los ingresos, con un total estimado de 13,682 millones de dólares, lo que confirma el carácter altamente dependiente de la economía venezolana respecto al crudo.
Infraestructura débil y obsoleta
No obstante, las importaciones, valuadas en 18,033 millones de dólares durante el mismo año, revelan una balanza comercial deficitaria y sugieren que el país depende en gran medida del intercambio con otras naciones para garantizar el suministro de bienes esenciales, incluidos combustibles, productos refinados y derivados del petróleo. Esta situación refleja una paradoja estructural: pese a contar con enormes reservas de crudo, Venezuela carece de la capacidad necesaria para transformarlo en productos finales suficientes para el consumo interno.
La brecha se explica, en gran medida, por la limitada capacidad de refinación. Venezuela dispone de una capacidad instalada cercana a 1.23 millones de barriles diarios; sin embargo, hasta hace dos años solo lograba procesar alrededor de 466,000 barriles por día. Esto implica que el país utiliza menos del 40% de su potencial para producir combustibles y otros derivados, obligándolo a importar parte de los productos que podría generar localmente.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) señala que Venezuela contaba, hasta hace dos años, con 25 oleoductos operativos, con una capacidad total de 8.9 millones de barriles de petróleo equivalente por día y una extensión aproximada de 3,439 kilómetros. No obstante, gran parte de esta red resulta ineficaz para transportar crudo desde los pozos hasta las refinerías debido a la falta de mantenimiento, al deterioro estructural y a que muchos de los conductos superan los 50 años de antigüedad. Según la EIA, la modernización de esta infraestructura requeriría una inversión cercana a los 8,000 millones de dólares para que la producción petrolera pueda regresar a los niveles que alcanzó a finales de la década de 1990.
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