La democracia se debilita en América Latina y la causa es clara: Trump
Diversos gobiernos de América Latina y el Caribe han incurrido en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto de la población extranjera como local, bajo la presión o influencia directa de las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Así lo advierte el Informe Mundial 2026, elaborado por Human Rights Watch (HRW), que documenta un deterioro generalizado de las garantías fundamentales en la región.
El análisis sostiene que esta tendencia no es exclusiva del continente americano, sino que se manifiesta a escala global y representa una amenaza estructural al sistema internacional de protección de derechos humanos. De acuerdo con HRW, durante el último año una parte significativa de los países del mundo ha entrado en lo que denomina una “recesión democrática”: los niveles de democracia han retrocedido a parámetros similares a los de 1985 y el 72% de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos.
“Bajo la presión implacable del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el embate constante de China y Rusia, el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos, y podría arrastrar consigo la arquitectura en la que se han apoyado las defensoras y los defensores de derechos humanos para impulsar estándares y proteger libertades”, advirtió Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch.
El combate al crimen organizado ocupa un lugar central en el discurso político de Donald Trump y ha sido utilizado como justificación para acciones de carácter militar, así como para ejercer presión política y económica sobre países como México, Venezuela y China. Si bien HRW reconoce que la delincuencia organizada constituye una amenaza grave para los derechos humanos en América Latina y el Caribe, también subraya que en diversos países de la región las respuestas estatales han derivado en abusos significativos.
Según el informe, el Gobierno de México, por ejemplo, adoptó una estrategia que combina la ampliación de la recopilación de información de inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la aplicación obligatoria de la prisión preventiva. En países como Brasil y Colombia, la lucha contra el crimen organizado ha derivado en el uso excesivo de la fuerza y en la suspensión injustificada de derechos fundamentales. Escenarios similares, aunque con particularidades propias, se observan en Honduras, Perú, El Salvador y Ecuador.
Otro eje recurrente en la narrativa del presidente estadounidense es la deportación de miles de migrantes en situación irregular, a quienes señala como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La agresiva campaña de deportaciones impulsada desde Washington ha comenzado a generar efectos directos en América Latina y el Caribe.
Durante el último año, señala HRW, varios países de la región restringieron el acceso al asilo y cometieron abusos contra personas migrantes deportadas desde Estados Unidos. “Panamá y Costa Rica han detenido arbitrariamente a ciudadanos de terceros países deportados por Estados Unidos. Por su parte, El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas. La República Dominicana ha intensificado la expulsión de personas haitianas, retornándolas a contextos de alto riesgo, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, documenta el informe.
Democracia en decadencia en Latinoamérica
Las conclusiones de la organización no gubernamental se basan en el análisis de prácticas en materia de derechos humanos en más de 100 países. En el caso de América Latina, el reporte destaca como uno de los hechos más preocupantes la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que “podría consolidar al gobierno represivo del país y responder a intereses políticos y comerciales estadounidenses”.
En este contexto, HRW recomienda que los gobiernos latinoamericanos se opongan a los ataques marítimos de Estados Unidos realizados en el Caribe y el Pacífico, los cuales han provocado la muerte de más de 120 personas. La ONG advierte que estos hechos “constituyen ejecuciones extrajudiciales conforme al derecho internacional de los derechos humanos”.
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