En México, las autoridades deberán garantizar el suministro mínimo vital de agua potable a los asentamientos irregulares. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un amparo promovido por habitantes de la comunidad Los Kilómetros en Ciudad Juárez.
Dicho asentamiento fue fundado en la década de 1990 por población Migrante. Actualmente, en Los Kilómetros habitan alrededor de 400 familias, todas en condiciones de precariedad: no hay infraestructura humana y el agua llega solo a través de pipas que deben pagar cada 10 a 15 días.
Ordenan dar al menos 50 litros de agua diarios a Los Kilómetros
Inicialmente, un juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que los promotores del amparo en revisión 544/2025 no presentaron los documentos oficiales que demostraran que vivían en la zona. Sin embargo, la SCJN determinó que, al tratarse de asentamientos irregulares, basta la manifestación bajo protesta de decir verdad para acreditar la residencia.
El máximo tribunal explicó que exigir estas pruebas a este tipo de comunidades podría convertirse en una barrera para la justicia. Finalmente ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez proveer de al menos 50 litros de vital líquido al día a los habitantes. Además, las autoridades deberán implementar depósitos de almacenamiento masivo de agua para mejorar la distribución en la zona.
El derecho al agua, más importante que cualquier trámite
Como señala El Imparcial, el fallo de la Corte es relevante dado que, durante años, miles de familias en asentamientos irregulares del país han solicitado a las autoridades tener acceso al agua potable. Un ejemplo es el de las 25 colonias de Uruapan, Michoacán, que en diciembre pasado pidieron tener acceso a este servicio.
Aunque en ese caso el gobierno se comprometió a solucionar su problema, la mayoría no tiene las cosas tan fáciles, pues los solicitantes son rechazados por no presentar documentos que acrediten la propiedad o regularización del terreno. Ahora, la decisión de la SCJN beneficiará no solo este tipo de asentamientos, sino a otras zonas con altos niveles de marginación.
El máximo tribunal recordó que, en el artículo 4 de la Constitución se establece que «toda persona debe contar con agua suficiente, salubre y accesible para uso personal y doméstico» y declaró que este derecho tiene prioridad frente a cualquier trámite administrativo.
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