EE UU acusa a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narco

Terry Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, presentaron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, y otros nueve funcionarios —en activo y retirados— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los acusan de formar parte de una red criminal que habría facilitado delitos como el tráfico de drogas, operaciones relacionadas con armas y secuestros.

Además de Rocha Moya, el documento judicial incluye a Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y los ex jefes de la polícia de investigación de la Fiscalía, Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez.

En estos casos, los implicados son acusados de participar en conspiraciones para importar narcóticos en los Estados Unidos, así como de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspirar para poseerlos. Las autoridades estadounidenses solicitan como sanción una pena de cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

El expediente también menciona a Juan Valenzuela Millán, ex comandante policial en Sinaloa, quien enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas y armas, así como de secuestro con resultado de muerte, delitos que, de comprobarse, serían castigados igualmente con cadena perpetua obligatoria.

De acuerdo con Cole, “los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así la entrada de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Continuaremos ejerciendo presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan, para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.

Por su parte, Clayton afirmó que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con libertad ni alcanzar sus objetivos sin el respaldo de funcionarios y políticos corruptos. “El apoyo de servidores públicos extranjeros al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a quienes colaboran con el narcotráfico: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, concluyó.

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