Activistas exigen derogación de Ley Serrano en SLP; denuncian criminalización de expresión
La abogada y activista Natalia Castillo ha levantado la voz en San Luis Potosí para exigir la derogación de la polémica Ley Serrano, acusando a diputados de utilizar el Código Penal como herramienta para coartar la libertad de expresión y silenciar a voces críticas en el Estado.
Castillo denunció una persecución sistemática contra periodistas y ciudadanos que exponen presuntos actos de corrupción y afirmó que la ciudadanía potosina está «harta» de la situación actual, donde los legisladores presuntamente instrumentalizan el marco legal para fines represivos.
La activista señaló directamente al autor de la Ley Serrano como un «forajido, forastero diputado» y criticó sus «errores parlamentarios». «Estamos hartos en San Luis Potosí que los diputados del Verde y de la Gallardía utilicen el Código Penal para callar bocas», declaró.
Desmienten iniciativa para la derogación de la ley
La abogada desmintió categóricamente las afirmaciones de que ya se ha presentado una iniciativa para la derogación de la ley, acusando al diputado de mentir. Asimismo, denunció haber sido objeto de agresiones en el Congreso por parte de individuos que identificó como «gente de la Gallardía pagada» con el propósito de poner en riesgo su integridad.
Castillo no solo demanda la anulación de la Ley Serrano, sino que también exige responsabilidades por presuntos actos ilícitos. «Estamos pidiendo la derogación de esta ley y que este diputado pague con las denuncias y el juicio político todo lo que ha robado al estado de San Luis Potosí».
La activista detalló que el legislador, mientras presidía la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se habría auto-contratado por «miles y millones de pesos» para su periódico personal, Contraréplica, utilizando recursos públicos del Estado.
La abogada Natalia Castillo puso de manifiesto varios casos que, a su juicio, evidencian la aplicación represiva de la Ley Serrano. Mencionó específicamente a los periodistas de investigación Juan Pablo Moreno y su hijo, quienes enfrentan acusaciones por delitos digitales y extorsión.
Según Castillo, estas imputaciones surgieron después de que los comunicadores publicaran investigaciones que «demuestran un desfalco por parte del diputado» y el uso indebido de recursos públicos. «Es inaudito porque ellos sí son periodistas de investigación, hacen dos investigaciones en donde se demuestra un desfalco por parte del diputado».
Además, la activista refirió el caso de un ciudadano identificado como Cristian, quien fue denunciado por un delito bajo esta ley. Él, a través de páginas digitales, comunicaba «los sobornos de la policía de la Guardia Civil, los homicidios, lo que estaba pasando en San Luis Potosí», y fue acusado de realizar «funciones de investigación» que, según la imputación, solo corresponden al Ministerio Público.
«No vamos a permitir que ellos pretendan porque quieren… ellos mismos metieron una reforma, es gente de ellos para estimular. No. Vamos por la derogación y si no vamos a tomar Congreso», sentenció la activista.
Asimismo, informó que, en caso de no lograr la derogación en el Congreso local, ya se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad. Natalia Castillo aseguró que, junto con sus colectivos, asistirá semanalmente a las sesiones del Congreso para defender el derecho a la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos. «No puedo permitir que gente inocente, porque se están yendo también contra ciudadanos», concluyó.
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