En México, las emergencias obstétricas representan 19 por ciento de los egresos hospitalarios totales del país y 61 por ciento de las altas vinculadas directamente a la salud materno-infantil.
No obstante, el sistema público de salud opera con una severa brecha de infraestructura, ya que existe un déficit crítico de 842 unidades médicas capacitadas para atender estas urgencias, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Así lo demostró el informe «Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México», elaborado por la organización Early Institute con base en los Registros de Egresos Hospitalarios Sectorial 2023 de la Secretaría de Salud, que contabilizó 4 mil 871 defunciones derivadas de urgencias obstétricas durante ese año, en su gran mayoría de carácter neonatal.
“Cada muerte materna es prevenible y representa, si existe, una falla del sistema, mas no una fatalidad inevitable; de hecho, la mortalidad materna es el termómetro más revelador del funcionamiento real del sistema de salud”, dijo durante la presentación del informe, Mónica Ancira, responsable del Observatorio Materno Infantil del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana.
El documento detalla que en 2023 únicamente operaban 469 unidades integradas al Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, mecanismo interinstitucional vigente desde 2009 para brindar atención médica independientemente de la afiliación de la paciente, frente a las mil 311 unidades requeridas bajo los estándares internacionales.
“Es de obligación del médico decirle todo a la mujer embarazada, si llega a haber algún tipo de complicación, es una obligación del Estado, de los médicos decirle exactamente dónde está su unidad clínica más cercana que le pueda atender en caso de que tenga alguna emergencia obstétrica”, dijo Luis Alarcón, abogado de Early Institute.
Las entidades federativas con mayor rezago de infraestructura son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León. A la falta de infraestructura hospitalaria se suma la escasez de personal médico especializado: la mayoría de los centros adscritos dispone de menos de cinco ginecoobstetras y seis anestesiólogos para la cobertura de turnos.
Asimismo, se identificaron rigideces en el marco normativo del convenio, dado que 35.5 por ciento de los egresos por defunción materno-infantil en 2023 correspondió a padecimientos que no se encuentran catalogados como emergencia dentro del acuerdo vigente.
Como contrapunto, el estudio destaca el modelo implementado en Guanajuato, estado que estructuró una red hospitalaria coordinada mediante el uso obligatorio de triage obstétrico, activación del Código Mater y sistemas eficientes de traslado.
Para revertir esta problemática a nivel nacional, la investigación propone convertir el convenio en una red obligatoria disponible 24/7, ampliar la capacidad hospitalaria de segundo nivel en los estados deficitarios, actualizar el catálogo de emergencias y reformar la Ley General de Salud.
Por Angélica Velasco
MMV
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