Senado frena la nueva Ley de Telecomunicaciones en México, tras petición de Sheinbaum

El Senado de la República aplazó la votación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevista para este lunes. La decisión se anunció luego de que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitara a los legisladores revisar o, en su caso, retirar definitivamente un artículo del proyecto que faculta al Gobierno a bloquear plataformas digitales. Diversas organizaciones han señalado que esta iniciativa vulnera la libertad de expresión y desatiende los derechos de las audiencias y de los medios de comunicación.

La Coordinación de Comunicación Social informó mediante un comunicado que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, presidida por Adán Augusto López, solicitó a la Mesa Directiva retirar el dictamen sobre telecomunicaciones de la orden del día, a fin de “dar el tiempo necesario a la deliberación pública y técnica”.

“Se ha decidido abrir un proceso de diálogo abierto, plural y constructivo con todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados e interesados en la ley. En esta etapa, se privilegiará la escucha, el respeto y la construcción de consensos que atiendan las legítimas preocupaciones de la ciudadanía, así como los desafíos tecnológicos y económicos del país”, señala el documento.

El comunicado precisa que las mesas de diálogo serán coordinadas por la JUCOPO, con la participación de las comisiones dictaminadoras, y tendrán como objetivo enriquecer el debate mediante la intervención activa de todos los sectores.

“Este diálogo representa un avance en la construcción legislativa, al recoger el sentir y el análisis colectivo de quienes participan en este sector estratégico para el desarrollo nacional”, añade el texto.

La polémica Ley de Telecomunicaciones

El martes pasado, el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue enviado al Senado por Sheinbaum para su análisis. Un día después, las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen sin modificaciones sustanciales.

En términos generales, la legislación otorga a la Agencia de Transformación Digital (ATD) la gestión del espectro radioeléctrico y la responsabilidad de garantizar su disponibilidad para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones inalámbricas. Su objetivo es reducir la brecha digital, fortalecer la competitividad nacional y ampliar el acceso a las tecnologías de la información.

La ATD asumirá funciones que previamente correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo recientemente disuelto. Entre sus nuevas atribuciones se encuentran la planificación del espectro, la concesión de licencias, la supervisión de emisiones y la aplicación de sanciones.

Asimismo, el proyecto establece que la supervisión de contenidos recaerá en el Gobierno Federal. No obstante, se afirma que los concesionarios conservarán “plena libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial”, garantizando la ausencia de censura. Además, se resalta que las audiencias y usuarios constituyen “el componente más importante del ecosistema de telecomunicaciones”, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la responsable de proteger sus derechos.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del acceso a la información han advertido que la redacción original del dictamen genera dudas sobre la gestión democrática del espectro, la protección de la privacidad de los usuarios y las garantías a la libertad de expresión en internet. Acusaron que la ley podría convertirse en un mecanismo de censura, otorgando al Ejecutivo un control absoluto sobre las telecomunicaciones en el país.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) hizo especial énfasis en el artículo 109 del Capítulo VIII, que establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que proceda por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas correspondientes. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo”.