Las armas «no letales» que las fuerzas de seguridad usaron en las protestas de Los Ángeles son realmente peligrosas

Bajo los Convenios de Ginebra, las “recomendaciones” para la aplicación de proyectiles cinéticos, (como la del modelo 1325), desalientan que las fuerzas policiales apunten a la cara de los manifestantes, pues podrían derivar en “fracturas craneales y daños cerebrales, daños en los ojos (incluyendo ceguera permanente) e incluso la muerte. El uso de proyectiles cinéticos desde un área elevada, como en una protesta, puede incrementar el riesgo de que los manifestantes sufran un disparo en la cabeza. Apuntar al torso puede provocar daños a los órganos vitales y resultar en la penetración del cuerpo, especialmente cuando se disparan a cortas distancias. El calibre y la velocidad del proyectil, así como el material del que estén fabricados, también influirá en la seriedad de la lesión”.
Además, los Convenios de Ginebra especifican las circunstancias de los posibles usos ilegales de estas armas y pone las reglas:
- Los proyectiles cinéticos no deberían dispararse en modo automático.
- El disparo de múltiples proyectiles al mismo tiempo no cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad.
- El impacto de los proyectiles debe ser probado y autorizado para asegurarse de que tengan la suficiente precisión para un área segura sin que utilicen energía excesiva que pueda provocar lesiones.
- Las armas de municiones cinéticas no deberían usarse para apuntar a la cara, el rostro o el cuello.
¿»Menos letales»?
La gran mayoría de los países mantienen en confidencialidad el nombre específico de los modelos que utilizan para disuadir protestas. Los gobiernos, por ejemplo, registran las compras bajo designaciones genéricas, como “lanzadores de 40 mm», sin citar la marca o el modelo, lo que dificulta la rendición de cuentas y la verificación del uso ilegal de estos artefactos.
Por ejemplo, en México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó la licitación LA-007000999‑E818‑2022 en noviembre de 2022 para la compra de 70,000 proyectiles de gas (CD) de largo y corto alcance calibre 40 mm, junto con munición de humo y marcaje líquido, de acuerdo con El Universal. Las especificaciones no demuestran marcas ni modelos del lanzador o de los fabricantes.
Solo países como Canadá incluyen las marcas y modelos de sus armas “no letales”. Ni en México ni en América Latina existen registros similares.
La aplicación de armas como la Penn Arms GL‑1 o similar, y el Defense Technology 1325, se ve en protestas sociales, muchas veces documentados por Amnistía Internacional, que los acusa de uso abusivo contra civiles pacíficos. Y, aunque se promocionan como “menos letales”, pueden causar lesiones graves y violaciones de derechos humanos. Además, la organización, en su reporte “Me explotó el ojo”, publicado en 2023, exige que se suspenda el uso de proyectiles de impacto o gas de 40 mms contra civiles pacíficos.
Según una evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las acciones policiales durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 resultaron en más de 440 lesiones oculares, con más de 30 casos de pérdida de ojo o ruptura ocular.
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