Diputados aprueban ley que otorga a la SSPC acceso legal a datos biométricos y privados de los mexicanos

La Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la cual faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para acceder a registros públicos y privados, permitiéndole consultar información telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria y de salud de cualquier persona bajo investigación. Los opositores a este nuevo marco legal advierten que se trata de un mecanismo que podría justificar el espionaje gubernamental en México.

La normativa tiene como objetivo “eficientar los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que los generan y lograr la paz social”, según sus promotores. Entre sus disposiciones, establece que las labores de investigación de la SSPC se realizarán a través del Centro Nacional de Inteligencia, el cual podrá concentrar en una sola plataforma la información generada por dependencias de seguridad federales, estatales y municipales en el curso de sus respectivas indagatorias.

El cambio más significativo radica en las nuevas atribuciones del órgano federal de seguridad. Para generar productos de inteligencia, la SSPC podrá requerir a instituciones públicas y privadas de los tres niveles de gobierno registros administrativos que incluyan:

• Datos vehiculares y de placas.
• Información biométrica y telefónica.
• Registros públicos de la propiedad, del comercio y de personas morales.
• Registros catastrales y fiscales.
• Bases de datos sobre armas de fuego.
• Padrones de personas detenidas y sentenciadas.
• Información financiera y bancaria.
• Registros relacionados con transporte, salud, telecomunicaciones, actividades empresariales y comerciales.

La ley también señala que podrán incorporarse “todos aquellos datos de los que puedan extraerse indicios, datos e información” útiles para fortalecer las investigaciones, siempre y cuando exista control judicial previo.

¿El espionaje gubernamental ahora será legal?

Las disposiciones de la iniciativa, que será enviada al Senado para su revisión, desataron críticas por parte de la oposición. Los partidos contrarios al oficialismo aseguraron que esta legislación representa una amenaza para la privacidad y una vía para consolidar el control del Poder Ejecutivo sobre la información de la ciudadanía.

María Elena Pérez-Jaén, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que, de entrar en vigor, “todas y todos seremos espiados; se busca imponer un régimen totalitario que nos quiere controlar. La ley es una amenaza al derecho a la privacidad e intimidad. El espionaje va en serio; es desnudar la vida de las y los mexicanos”.

Por su parte, Emilio Lara, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la propuesta busca interconectar las bases de datos de todos los niveles de gobierno y de entidades privadas. “La seguridad nacional no se defiende eliminando las garantías individuales, ni se combate el crimen sembrando terror desde el Estado hacia los ciudadanos. Se está otorgando al Ejecutivo el poder absoluto sobre la información personal. Se construye una maquinaria legal para vigilar, acumular datos y compartirlos sin rendición de cuentas. Es la instauración de un Estado autoritario”, declaró.

Las objeciones contra esta legislación coinciden con las expresadas respecto a la nueva Ley de la Guardia Nacional, también aprobada esta semana, que otorga a dicha institución facultades como la intervención de comunicaciones privadas y la realización de tareas encubiertas de inteligencia.

La organización no gubernamental Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó recientemente que estas reformas buscan legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que —según han documentado— se ha llevado a cabo de manera ilegal contra periodistas, defensores de derechos humanos, académicos e incluso funcionarios públicos, todo ello con total impunidad.

Diversas investigaciones han evidenciado que, en México, autoridades locales, fiscalías y cuerpos de seguridad han utilizado tecnologías digitales para intervenir comunicaciones sin cumplir con los requisitos legales, lo que ha generado creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional.