Gentrificación en la Ciudad de México, cuando la vivienda ya no es un derecho, sino un negocio

Según Delgadillo, Claudia Sheinbaum continuó con las mismas políticas, pese a un discurso distinto. Recuerda que, durante la pandemia, “la construcción fue una de las primeras actividades consideradas esenciales”, lo que reveló la apuesta del gobierno capitalino por el sector inmobiliario como motor económico.

Como jefa de Gobierno, Sheinbaum promovió el ‘Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente’ (PRUVIT), que ofrecía incentivos a desarrolladores para construir viviendas asequibles de hasta 1.4 millones de pesos. Aunque se proyectaron 12 corredores inmobiliarios con una inversión de 23,000 millones de pesos, “en seis años solo se hicieron unas 180 viviendas”, señala Delgadillo.

Los analistas coinciden en que estas políticas han impulsado lo que se conoce como gentrificación extendida, una fase que ahora experimenta la Ciudad de México y en la que la vivienda deja de ser un bien de uso para convertirse en un activo absolutamente mercantil.

Olivera señala que, “en la primera etapa de la gentrificación, todavía se podía hablar de clases medias con ciertos recursos y con facilidades en los créditos para adquirir viviendas remodeladas. En la gentrificación actual, esto ya no existe. Ahora hablamos de ventas directas de inmuebles a grandes empresas inmobiliarias, comercializadoras, agentes financieros y fondos de inversión que compran edificios completos”, con el propósito de alquilarlos de manera temporal a través de plataformas como Airbnb a costos inaccesibles para el grueso de la población.

Un círculo vicioso

Esto tiene implicaciones socioculturales que van más allá de la transformación de los espacios urbanos. Claudia Villegas, doctora en Geografía por la Universidad Rutgers (en Nueva Jersey), advierte que este proceso agrava tensiones sociales y espaciales históricas en una ciudad marcada por la fragmentación de clase y racial. Señala que la gentrificación es una expresión de la lucha de clases en el espacio urbano, aunque matiza que esta lectura «no significa reducir este proceso a una simple batalla de ricos contra pobres. Más bien, permite entender esta oposición y/o confrontación como una expresión particular y a la vez histórica del complejo de relaciones sociales, basada en intereses particulares”, explica.

Bajo esta lógica, precisa que el desplazamiento poblacional es uno de los efectos más visibles de la gentrificación, pero al mismo tiempo, es una causa del conflicto contra agentes “gentrificadores” externos, derivado de decisiones individuales o colectivas.

“De esta manera, encontramos que aquellos pobladores que intentan responder a los efectos negativos de la gentrificación de manera individual (desplazándose, por ejemplo, a otros barrios y colonias) son más ‘vulnerables’ que aquellos que están optando por articular una respuesta organizada y colectiva, como en el caso de las protestas anti-gentrificación en la Ciudad de México, que intentan mantenerse en sus barrios y colonias, y defender su propia experiencia de la ciudad”.

Durante la marcha del 20 de julio se registraron algunos daños en Ciudad Universitaria. “Les importan los vidrios rotos, no las personas”, sentencia Eduardo Alanís, del Frente Anti Gentrificación CDMX.

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Activismo ciudadano ante una regulación ineficaz

En los últimos años, los gobiernos locales han intentado contener el fenómeno. En 2023, el Congreso capitalino aprobó una reforma a la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que limita a 180 noches anuales el arrendamiento mediante plataformas digitales como Airbnb. Los dueños que superen este umbral deberán esperar un año para volver a ofrecer alojamiento.

Recientemente, la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el “Bando 1”, un plan de 14 medidas para garantizar el derecho a una ciudad habitable y asequible. Aseguró que el proyecto es el inicio de un proceso profundo para transformar el acceso a la vivienda y combatir los efectos de la gentrificación.