El Departamento de Seguridad Nacional lleva años recogiendo ADN de ciudadanos estadounidenses

La expansión se ha visto impulsada por palancas legales y burocráticas específicas. El más importante fue una norma del Departamento de Justicia (DOJ) de abril de 2020 que revocaba una antigua exención que permitía al DHS omitir la recogida de ADN de los inmigrantes detenidos, dando luz verde a la toma masiva de muestras. Ese mismo verano, el FBI aprobó una normativa que permitía a las comisarías de policía pasar los hisopos de mejilla de los detenidos por máquinas Rapid DNA, unos dispositivos automatizados capaces de escupir perfiles listos para el CODIS en menos de dos horas.

La tensión se hizo evidente en los años siguientes

El ex director del FBI Christopher Wray advirtió durante una comparecencia ante el Senado en 2023 que la avalancha de muestras de ADN procedentes del DHS amenazaba con desbordar los sistemas de la agencia. De acuerdo con él, el cambio de normas de 2020 había empujado al FBI de un promedio histórico de unos pocos miles de presentaciones mensuales a 92,000 por mes, más de 10 veces su entrada tradicional. Advirtió que el aumento había creado un retraso de aproximadamente 650,000 kits sin procesar, aumentando el riesgo de que las personas detenidas por el DHS pudieran ser liberadas antes de que los controles de ADN produjeran pistas de investigación.

En virtud de la renovada orden ejecutiva de Trump sobre la aplicación de las leyes fronterizas, firmada en enero de 2025, las agencias del DHS recibieron instrucciones de desplegar «cualquier tecnología disponible» para verificar los lazos familiares y la identidad, una directiva que cubre explícitamente las pruebas genéticas. Este mes, los funcionarios federales anunciaron que estaban solicitando nuevas licitaciones para instalar Rapid DNA en las instalaciones de reserva locales de todo el país, con adjudicaciones combinadas de hasta 3 millones de dólares disponibles.

«El Departamento de Seguridad Nacional ha estado pilotando un programa secreto de recogida de ADN de ciudadanos estadounidenses desde 2020. Ahora, las ruedas de entrenamiento se han caído», comentó Anthony Enriquez, vicepresidente de defensa de Robert F. Kennedy Human Rights. Añadió: «En 2025, el Congreso entregó al DHS un cheque de 178 mil millones de dólares, convirtiéndolo en la agencia de aplicación de la ley más costosa de la nación, incluso cuando el presidente destripó sus organismos de control de derechos civiles y la Corte Suprema firmó repetidamente tácticas inconstitucionales».

Los organismos de supervisión y los legisladores han hecho saltar las alarmas sobre el programa. En 2021, el Inspector General del DHS descubrió que el departamento carecía de una supervisión central de la recogida de ADN y que años de incumplimiento pueden socavar la seguridad pública, haciéndose eco de una reprimenda anterior de la Oficina del Asesor Jurídico Especial, que calificó los fallos del CBP de «negligencia inaceptable».

El senador estadounidense Ron Wyden presionó más recientemente al DHS y al DOJ para que dieran explicaciones sobre por qué se está capturando el ADN de los niños y si el CODIS tiene algún mecanismo para rechazar las muestras obtenidas indebidamente, afirmando que el programa nunca tuvo la intención de recoger y retener permanentemente el ADN de todos los no ciudadanos, advirtiendo que es probable que los niños sean «tratados por las fuerzas del orden como sospechosos para cada investigación de cada delito futuro, indefinidamente».

Un golpe a la privacidad de datos

Los defensores de los derechos alegan que el programa de recogida de ADN de la CBP se ha transformado en un régimen de vigilancia genética de gran alcance, con muestras de inmigrantes e incluso de ciudadanos estadounidenses introducidas en bases de datos criminales sin transparencia, salvaguardias legales ni límites de retención. El centro de privacidad de Georgetown señala que una vez que el DHS crea y carga un perfil CODIS, el gobierno retiene la muestra física de ADN indefinidamente, sin ningún procedimiento para revisar o eliminar perfiles cuando la legalidad de la detención está en duda.

Paralelamente, Georgetown y grupos aliados han demandado al DHS por su negativa a hacer públicos todos los registros sobre el programa, lo que pone de manifiesto lo poco que sabe el público sobre cómo se utiliza, almacena o comparte el ADN una vez que entra en el CODIS.

En conjunto, estas revelaciones pueden sugerir una reutilización silenciosa del CODIS. Un sistema que durante mucho tiempo se describió como un gran avance forense se está reconvirtiendo en un archivo de vigilancia que barre por igual a inmigrantes, viajeros y ciudadanos estadounidenses, con pocos controles sobre los agentes que deciden qué ADN acaba en la base de datos más íntima del gobierno federal.

«Todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre las actividades de recogida de ADN del DHS. Hemos tenido que demandar a las agencias solo para que cumplan con su deber legal, e incluso entonces han desobedecido las órdenes judiciales. El público tiene derecho a saber qué trama su gobierno, y seguiremos luchando para que este programa salga a la luz», concluye Glaberson, de Georgetown.

Artículo publicado originalmente en WIRED. Adaptado por Alondra Flores.