piden ayuda al gobierno por miedo a desaparecer, según reporte

La Cooperativa Pascual, conocida por los famosos jugos Boing y refrescos Lulú, lanzó una advertencia frente al nuevo aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplicará a las bebidas azucaradas en 2026. Según un reporte de La Jornada, sus dirigentes acudieron al Congreso para solicitar apoyo económico en el Presupuesto de Egresos del próximo año y señalaron que el incremento podría llevarlos a una crisis grave.

Eduardo Martínez Cruz y Adrián Neri, presidentes del Consejo de Administración y de Vigilancia, recordaron que el primer IEPS impuesto en 2014 provocó una caída del 50% en sus ventas y la empresa tardó años en recuperarse. José Luis Sánchez, asesor económico de la refresquera declaró al medio: 

“Fue brutal, Pascual ha logrado sobrevivir 40 años con el esfuerzo de sus cooperativistas y merece una oportunidad para mantenerse e incluso crecer, sobre todo porque se trata de una empresa mexicana que produce una bebida saludable, elaborada con azúcar de caña y pulpa de fruta”

La advertencia llega justo cuando el nuevo dictamen fiscal aprobado por la Cámara de Diputados duplica prácticamente la cuota del impuesto, pasando de 1.64 a 3.08 pesos por litro. 

Un impuesto que podría “ahogar” a la cooperativa

Héctor Eduardo Martínez Cruz, presidente del Consejo de Administración, explicó a Milenio que el aumento representaría unos 600 millones de pesos adicionales en pagos, es decir, un incremento del 88% en comparación con lo que ya pagan. La cooperativa, que hoy apenas controla el 2% del mercado refresquero nacional, compite contra gigantes como Coca-Cola y Pepsi, que utilizan fructosa más barata y pueden absorber los gravámenes gracias a su escala. Martínez añadió: 

“Nosotros endulzamos con azúcar de caña puro, apoyamos a campesinos y productores locales. Si nos cargan este impuesto, no sólo se afecta a la empresa, también al campo mexicano”

El aumento al IEPS obliga a Pascual a frenar la inauguración de una nueva planta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, prevista para 2026 y a detener el desarrollo de un nuevo producto sin azúcar añadido. De aprobarse la medida en el Senado, sus ventas podrían caer hasta 60%, según las proyecciones compartidas con Milenio.

“No queremos subir precios, pero necesitamos apoyo”

Mientras las grandes refresqueras pueden trasladar el impuesto al consumidor, Pascual no contempla esa opción. “Nuestra intención es conservar los precios para mantener la competitividad”, explicó Martínez Cruz.

Sin embargo, la situación se vuelve crítica, pues 4,500 empleos y el patrimonio de 785 socios cooperativistas están en riesgo. Por eso, la empresa ha buscado reuniones con senadores y representantes de la Secretaría de Economía para plantear soluciones diferenciadas para las cooperativas.

“Queremos un modelo fiscal distinto. No estamos negados a pagar impuestos, pero necesitamos que se reconozca nuestra naturaleza social”

Un fragmento de historia obrera que podría desaparecer

Pascual no es una refresquera cualquiera. Nació en los años 80, tras una huelga histórica contra la antigua Pato Pascual. En 1982, los trabajadores fueron reprimidos y uno de ellos asesinado durante el conflicto laboral. Tres años después, los obreros ganaron el juicio, usaron las indemnizaciones para comprar la planta y fundaron la Cooperativa Pascual con el apoyo de figuras como Heberto Castillo.

Desde entonces, han mantenido el control democrático de la empresa bajo el principio de “un socio, un voto”, tal como lo define la Declaración de Identidad Cooperativa. En México, este tipo de sociedades de productores, consumidores o de ahorro y crédito, se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas y buscan equilibrar el desarrollo económico con la justicia social.

De acuerdo con el Paquete Económico 2026, el gobierno busca mantener una política de responsabilidad fiscal que incluya ajustes a impuestos con fines extrafiscales, como el cuidado de la salud pública. La medida pretende desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, al tiempo que mantiene apoyos a sectores vulnerables y fomenta la inversión.

Sin embargo, para cooperativas como Pascual, esos objetivos sociales podrían volverse un arma de doble filo. “Si no hay un trato diferenciado, podríamos desaparecer”, advirtió su presidente.