Trump quiere poner seres humanos en la Luna en 2028 y establecer una base lunar permanente para 2030

La administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fijó como objetivo concretar un nuevo alunizaje en 2028, con la intención de “afirmar el liderazgo estadounidense en el espacio, sentar las bases para el desarrollo económico lunar, preparar el viaje a Marte e inspirar a la próxima generación de exploradores estadounidenses”.

Esta meta forma parte de una orden ejecutiva mediante la cual el mandatario establece, por primera vez durante su segundo mandato, las directrices que seguirá el país para imponerse frente a competidores estratégicos como China en la carrera espacial.

El documento, publicado por la Casa Blanca esta semana, también contempla una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad espacial y acelerar el desarrollo de la economía vinculada al espacio. La orden subraya que alcanzar la “superioridad espacial” es una prioridad dentro de la agenda nacional, por lo que Estados Unidos deberá impulsar una política que “amplíe el alcance del descubrimiento humano, proteja los intereses económicos y de seguridad vitales de la nación, fomente el desarrollo comercial y siente las bases para una nueva era espacial”.

La orden ejecutiva fue emitida apenas unas horas después de que Jared Isaacman asumiera el cargo de administrador de la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El decreto no solo fija como meta el regreso de astronautas a la Luna en 2028 a través del Programa Artemis, sino que también establece como prioridad la construcción de un “puesto avanzado lunar permanente para 2030”, con el objetivo de garantizar una presencia humana sostenida en el satélite natural y facilitar, a largo plazo, los proyectos de exploración tripulada hacia Marte.

Para asegurar el suministro energético en el corto y mediano plazo, el documento contempla el despliegue de fuentes de energía nuclear tanto en la superficie lunar como en la órbita terrestre. Entre los planes destaca el desarrollo de un reactor nuclear lunar de superficie, que deberá estar listo para su lanzamiento hacia finales de la década, con el fin de apoyar las operaciones humanas y científicas de forma continua.

El problema en el escudo térmico de la misión Artemis I ha provocado un importante retraso en el regreso a la Luna.NASA

Otra de las prioridades centrales de la orden es consolidar a Estados Unidos como líder en la emergente economía espacial. Para lograrlo, el texto instruye a las agencias federales a implementar mecanismos que estimulen la inversión del sector privado, así como a establecer las condiciones necesarias para reemplazar la Estación Espacial Internacional en 2030 con plataformas comerciales operadas por empresas estadounidenses.

La política establece que, durante los próximos tres años, la administración deberá atraer al menos 50,000 millones de dólares en inversiones para la industria espacial nacional. Esto deberá lograrse mediante el aumento de la cadencia de lanzamientos y reingresos, el uso de instalaciones nuevas y modernizadas, una mayor eficiencia operativa y la implementación de reformas regulatorias que agilicen los procesos del sector.

Seguridad espacial, una prioridad

En materia de seguridad nacional, la orden prioriza la optimización de la capacidad de las fuerzas armadas para detectar, identificar y contrarrestar amenazas provenientes de la órbita terrestre baja y del espacio cislunar. El texto incluye referencias explícitas al posible emplazamiento de armas nucleares en el espacio, así como a la necesidad de desarrollar capacidades avanzadas de vigilancia y respuesta. Para ello, propone la creación de una arquitectura espacial de seguridad nacional que integre soluciones comerciales y fortalezca la cooperación con aliados y socios estratégicos mediante nuevas inversiones y acuerdos de colaboración.

En este contexto, la orden instruye a la NASA a coordinarse con la Oficina de Política Científica y Tecnológica y el Departamento de Estado para revisar los acuerdos internacionales vigentes en los que participa Estados Unidos. El objetivo es verificar que dichas disposiciones no entren en conflicto con las prioridades espaciales de la administración Trump. El documento señala que esta revisión deberá garantizarse “incluso mediante la implementación de nuevos acuerdos y la modificación o rescisión de los existentes cuando corresponda y sea coherente con las facultades y obligaciones legales vigentes”.

Para cumplir con los lineamientos establecidos, la NASA contará con un plazo de 90 días para desarrollar un plan que permita abordar cualquier brecha técnica, en la cadena de suministro o en la capacidad industrial que pudiera afectar la ejecución de la orden. Asimismo, la agencia deberá identificar los programas que registran retrasos de al menos 30%, las iniciativas cuyo costo supera en un 30% lo originalmente propuesto y aquellos proyectos que no estén alineados con las prioridades definidas en el decreto presidencial.

Entre los ambiciosos planes de Trump y los recortes a la NASA

Los ambiciosos objetivos planteados en la orden firmada por Trump contrastan con el complejo escenario financiero que enfrenta la NASA. Para el año fiscal 2026, la Casa Blanca solicitó al Congreso un presupuesto de 18,800 millones de dólares para la agencia espacial, cifra que representa una reducción cercana al 25% en comparación con el financiamiento aprobado para el año en curso. De concretarse este recorte, el presupuesto de la dirección científica de la NASA se reduciría de 7,300 millones de dólares a 3,900 millones, lo que obligaría a cancelar decenas de misiones que actualmente se encuentran en operación o en distintas fases de desarrollo.

Los ajustes presupuestales han provocado la salida de varios directivos y especialistas del sector espacial, cuyo descontento quedó reflejado en una carta enviada en julio al entonces administrador interino de la NASA, Sean Duffy. El documento, conocido como la “Declaración Voyager”, identifica lo que sus firmantes describen como “políticas recientes que han desperdiciado o amenazan con desperdiciar recursos públicos, comprometer la seguridad humana, debilitar la seguridad nacional y socavar la misión principal de la NASA”.