La Oficina de Protección al Consumidor de EE UU está paralizada y, con ella, las regulaciones a las grandes tecnológicas

El director en funciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), Russell Vought, exigió a todo el personal de la oficina que detenga las investigaciones, la aplicación, la elaboración de normas, la investigación y las declaraciones públicas en dos correos electrónicos enviados a inicios de la semana, y que fueron revisados por WIRED. También prohibió a los trabajadores de la CFPB comparecer ante los tribunales, salvo para suspender o aplazar procedimientos.

La medida puso fin abruptamente a varias demandas e investigaciones activas contra empresas acusadas por la CFPB de estafar a los consumidores, y a la redacción de posibles regulaciones que supervisarían la actividad de las empresas de big tech con productos financieros como Apple Pay, Google Pay y Venmo.

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Según correos electrónicos de dimisión compartidos con WIRED, Eric Halperin y Lorelei Salas, director de cumplimiento y directora de supervisión de la CFPB, respectivamente, renunciaron a sus puestos y citaron la orden de Vought como la razón. Vought no respondió a una petición de comentarios. «La CFPB no puede avanzar en esos casos, básicamente están congelados en este momento», comentó a WIRED un ex miembro de la Oficina del Consumidor, a quien se le concedió el anonimato por temor a represalias.

La CFPB comenzó a funcionar en 2011 tras la crisis financiera. Su creación estaba estipulada en la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor, aprobada por el Congreso el año anterior. El Presidente Obama nombró a la entonces profesora Elizabeth Warren para ayudar a crear la agencia. A grandes rasgos, su responsabilidad es vigilar a las instituciones financieras. Según Obama, la dependencia «tomaría medidas enérgicas contra las prácticas abusivas de los prestamistas hipotecarios sin escrúpulos, reforzaría la nueva ley de tarjetas de crédito que aprobamos y que prohíbe las subidas de tipos injustas, y se aseguraría de que la gente no se vea atrapada involuntariamente por comisiones por descubierto al contratar una cuenta corriente». Según el sitio oficial, hasta diciembre de 2024, la agencia alivió deudas y rembolsó más de 19,000 millones de dólares a consumidores defraudados.

Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk impulsando una agenda más amplia para recortar el gasto que en última instancia podría eliminar agencias enteras, el futuro de la CFPB parece cada vez más incierto. El viernes, un día después de que miembros del DOGE obtuvieran acceso a datos internos, y horas antes de que la página de inicio del sitio web de la oficina comenzara a mostrar un mensaje de error 404, Musk tuiteó en X: «CFPB RIP 🪦».

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La nueva demanda está en el marco de un conjunto de acciones legales de X en contra de organizaciones a las que acusa de usar su influencia para hundir sus finanzas.

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A finales de noviembre, la CFPB dio los primeros pasos hacia la regulación de las empresas financieras «no bancarias», que podrían incluir PayPal, Venmo, Apple Pay, Google Pay y Zelle. Específicamente excluyó a las empresas que se centran principalmente en criptomonedas, como Coinbase o Gemini. A pesar de esto, el CEO de Gemini, Tyler Winklevoss, y el CEO de Coinbase, Brian Armstrong , celebraron que la CFPB estuviera siendo amordazada.

La CFPB aprobó una norma que define esencialmente este tipo de empresas de pago entre particulares. La norma no incluía ninguna regulación real para estas empresas, pero definirlas sería el primer paso para hacerlo en el futuro. Hasta la fecha, estas empresas han caído en una especie de zona gris normativa. Días después de que la norma entrara en vigor en enero, NetChoice y TechNet, dos grupos comerciales que representan a las grandes tecnológicas, demandaron a la Oficina. Además de impugnar la norma, los grupos acusaron a la CFPB de excederse ilegalmente en su mandato, alegando que la norma es una «afirmación arbitraria de su propia jurisdicción».