Donald Trump no es el primer presidente estadounidense que mira al sur con ambiciones de conquista. Durante el último siglo, no menos de una docena de sus predecesores abrazaron la creencia de que la democracia y las ganancias en Latinoamérica estaban a un golpe de Estado de distancia. Sin embargo, la ambición imperial que Estados Unidos ha desatado en Venezuela parece tener raíces profundamente trumpianas. Y no da señales de desaparecer pronto.
Bastaron apenas unas horas tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense para que la retórica de Trump pasara de hablar de democracia y lucha contra el narcotráfico a proclamar el control directo de las vastas reservas de petróleo del país. «Estamos al mando. Vamos a dirigirlo todo. Vamos a arreglarlo», declaró Trump a los periodistas. Incluso antes de que Maduro compareciera ante un tribunal de Nueva York, el presidente republicano ya celebraba la llamada «Doctrina Donroe», amenazando de forma explícita a media docena de naciones, desde Colombia y Cuba hasta México y Groenlandia, durante una conversación con reporteros a bordo del Air Force One el fin de semana.
Por mucho que todo apunte a un nuevo período peligroso y desestabilizador del autoritarismo de Donald Trump, sus acciones en Venezuela parecen ilegales tanto a la luz del derecho internacional como de la legislación estadounidense, y se llevaron a cabo sin consulta alguna al Congreso. Aun así, es importante reconocer y comprender el contexto. La historia de la región, y, más aún, la forma de actuar del propio Trump, deja claro que podría estar embarcándose en lo que algún día se considere la última guerra del siglo XX.
De hecho, hay tres principios fundamentales que ayudan a explicar dónde se encuentra Estados Unidos a pocos días de iniciar un nuevo año; principios que aclaran por qué, pese a lo impactante que resultó la noticia del fin de semana, este momento no es tan sorprendente como parece.
1| EE UU es bueno en los golpes de Estado, pero malo en lo que sigue
Durante un siglo, las dos principales características de la intromisión estadounidense en Latinoamérica han sido el éxito militar táctico a corto plazo y el fracaso estratégico a largo plazo. Ambos rasgos son hebras profundas y persistentes del ADN político de Estados Unidos. Un ejemplo ilustrativo: mucho antes de ser acusado por su papel en el robo de Watergate y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 1972, E. Howard Hunt desarrolló su carrera como uno de los más eficaces operadores de la CIA dedicados al derrocamiento de gobiernos.
A comienzos de la década de 1950, la poderosa United Fruit Company temía las reformas agrarias que Jacobo Árbenz podría implementar en Guatemala y logró convencer a las administraciones de Truman y Eisenhower de que el nuevo líder centroamericano acabaría abrazando el comunismo. La CIA, fundada apenas en 1947, era todavía relativamente nueva en el arte de inmiscuirse en Centroamérica y Sudamérica, aunque Estados Unidos no lo era en absoluto: había ocupado Nicaragua de forma intermitente entre 1912 y 1933, invadido y ocupado Haití de 1915 a 1934, y ocupado Cuba entre 1906 y 1909, para luego regresar de 1917 a 1922 con el objetivo de proteger plantaciones azucareras de propiedad estadounidense.
Hunt era un espía mediocre, radicado en Ciudad de México, donde había ayudado a reclutar a otro aspirante a oficial subalterno, William F. Buckley Jr. Sin embargo, su carrera dio un giro decisivo cuando colaboró en sentar las bases para el derrocamiento de Árbenz. «Lo que queríamos hacer era una campaña de terror, el punto era aterrorizar a sus tropas», reconocería Hunt décadas más tarde. Aquel fue uno de los pocos golpes de Estado exitosos de la década de 1950 respaldados por la CIA, por lo que resultó natural incluirlo cuando la agencia comenzó a planear la invasión de Bahía de Cochinos.
Una diferencia importante con respecto a los esfuerzos anteriores a lo largo del siglo XX fue que, al intentar derrocar al régimen de Castro, el gobierno estadounidense no recurrió esta vez a los marines, sino a un ejército de exiliados cubanos. Hunt fue el encargado de diseñar el gobierno provisional, alineado con Washington, que asumiría el poder una vez que la fuerza entrenada por la CIA lograra derrocar a Fidel Castro. La invasión, lanzada apenas semanas después del inicio de la presidencia de John F. Kennedy, fracasó de forma estrepitosa. Más de un centenar de combatientes murieron en las playas cuando el apoyo aéreo estadounidense nunca llegó a materializarse y, en cuestión de días, unos 1,200 hombres fueron capturados tras rendirse. A ello siguieron numerosas ejecuciones.
Sin embargo, la debacle apenas redujo el apetito de la CIA por derrocar gobiernos latinoamericanos. En 1961, la agencia suministró las armas utilizadas para asesinar al líder de la República Dominicana. Ese mismo año, apoyó un golpe de Estado en Ecuador y, cuando el nuevo dirigente resultó ser incluso menos favorable a los intereses estadounidenses que su predecesor, respaldó otra junta en un nuevo golpe en 1963.
En los años siguientes, la CIA respaldó más derrocamientos, incluidos los de Brasil (1964) y Chile (1973), e intentó fomentar levantamientos armados y apoyar a rebeldes de derecha en toda la región. Muchas administraciones querían ir aún más lejos. El secretario de Estado de Ronald Reagan, Alexander Haig, llegó a abogar abiertamente por invadir Cuba, diciéndole al presidente: «Solo dame la orden. Convertiré esa puta isla en un estacionamiento».
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