Tras semanas de incertidumbre y un conteo voto a voto que paralizó a la nación, la autoridad electoral peruana ha ratificado el triunfo —ajustadísimo— de Keiko Fujimori. La líder de Fuerza Popular asumirá el mandato el próximo 28 de julio con una urgencia tan pragmática como dramática: sobrevivir en el cargo su primer año.
Desde que en el año 2000 Alberto Fujimori abandonara la presidencia por la puerta trasera, Perú se sumergió en una espiral de inestabilidad crónica, alimentada por una corrupción sistémica que carcome sus instituciones.
En este rincón de Sudamérica, la banda presidencial se ha convertido en una prenda de alta costura, pero de extrema fragilidad: hoy se ostenta y mañana se pierde.
Veintiséis años después de la caída del régimen de Fujimori, 11 presidentes han desfilado por el Palacio de Gobierno —la mayoría triturados por la crisis en los últimos ocho años—. Su hija se alista para ser la número 12 de la lista. Al menos, ese es el plan.
El desembarco de Keiko en el Ejecutivo ocurre, tras su cuarta postulación. Una perseverancia que demuestra que, para bien o para mal, la alargada sombra de su padre sigue siendo el eje sobre el que orbita la política peruana: despierta el pánico a la autocracia en la mitad del país, pero también la añoranza de orden en la otra.
Su victoria frente al izquierdista Roberto Sánchez, por una diferencia menor a un punto porcentual y apenas 50 mil votos, no es un cheque en blanco, es el reflejo de una sociedad profundamente fracturada.
Esa polarización es el caldo de cultivo de una anomalía institucional: desde 2016, Perú ha devorado ocho presidentes. El Congreso de la República, operando bajo un parlamentarismo de facto, ha perfeccionado el uso de la «incapacidad moral permanente», una cláusula constitucional elástica y ambigua que permite deponer mandatarios al antojo de las mayorías de turno.
Sin una bancada mayoritaria que le asegure el control absoluto, el primer gran examen de Fujimori no será económico, sino de alta negociación política: pactar en el Parlamento para no ser la próxima víctima de la guillotina legislativa.
La agenda que le espera a la presidenta electa para el quinquenio 2026-2031 no admite treguas. Recibe una economía fría, por debajo de su potencial, y una crisis de seguridad sin precedentes.
El crimen organizado se ha adueñado de las calles; las 26,500 denuncias por extorsión registradas en 2025 representan un brutal incremento respecto al último lustro.
Lima se desangra en paros de transportistas y balas: más de 150 vidas se han perdido en el sector desde finales de 2024 a manos de las mafias del cobro de cupos.
Frente a este escenario, Keiko desempolva la vieja retórica familiar y promete «mano dura».
Su oferta de «terrorismo urbano», militarización de penales y expulsión de migrantes busca emular la firmeza con la que su padre combatió la subversión, una narrativa que encaja a la perfección con la ola neoconservadora global y el eje de Washington bajo Donald Trump.
El fujimorismo vuelve al poder, pero en un Perú atomizado, la línea que separa el orden democrático del abismo institucional es más delgada que nunca.
POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
COLABORADOR
@PAPADEPONCHO
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