Ya entró en vigor la Ley de Bienestar Animal que prohíbe tener camadas de perros y gatos sin autorización
La Ley de Bienestar Animal ha entrado en vigor en España, transformando un hábito social profundamente arraigado. Si bien antes esta era una decisión privada del propietario, ahora es una actividad estrictamente regulada y limitada a personas inscriptas en el Registro de Criadores oficial.
Durante décadas, el ofrecimiento de cachorros entre familiares y vecinos tras un nacimiento en el hogar fue una escena cotidiana en España. Esta práctica, realizada generalmente sin ánimo de lucro, ha quedado fuera de la legalidad con la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La norma retira al propietario la soberanía sobre la reproducción de sus mascotas y la reserva únicamente a profesionales autorizados.
El fin de las camadas improvisadas y el Registro de Criadores
La normativa actual, en su artículo 27, prohíbe de forma expresa que cualquier persona no inscrita en el Registro de Criadores de Animales de Compañía permita la reproducción de sus animales. Esta medida impacta directamente en la convivencia con perros, gatos y hurones, especies que lideran las estadísticas de abandono en centros de acogida y protectoras. La administración busca, con este control, eliminar las ventas opacas a través de redes sociales y los anuncios entre particulares.
Para que una persona pueda cruzar legalmente a sus mascotas, ahora debe acreditar conocimientos específicos sobre bienestar animal y disponer de instalaciones que garanticen higiene y espacio bajo supervisión administrativa. El sistema pretende que cada animal tenga una trazabilidad clara desde su nacimiento, combatiendo la cría incontrolada y los problemas sanitarios derivados de partos sin supervisión veterinaria.
Esterilización obligatoria y multas de hasta 50.000 euros
Uno de los puntos más estrictos de la ley recae sobre los felinos, donde la norma obliga a la esterilización de todos los gatos antes de los seis meses de edad, a menos que el animal esté vinculado a un programa de cría profesional o exista una contraindicación médica. En el caso de perros y hurones, la responsabilidad de evitar la reproducción recae íntegramente en el dueño, quien debe adoptar medidas preventivas para impedir cualquier gestación.
Incluso si un nacimiento ocurre de forma accidental, el propietario tiene la obligación legal de comunicarlo a las autoridades competentes. Los cachorros resultantes no pueden ser vendidos de forma privada, ya que la comercialización queda limitada a los canales profesionales registrados. Las sanciones por incumplir estas directrices son elevadas, oscilando entre los 10.001 y los 50.000 euros para quienes críen animales sin la debida autorización oficial. Esta filosofía de «sacrificio cero» busca reducir el flujo constante de animales sin hogar.
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