Senado de México aprueba nueva Ley de la Guardia Nacional pese a advertencias de espionaje cibernético

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que crea la nueva Ley de la Guardia Nacional. Esta normativa, que pasará al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, permitirá a dicha institución de seguridad pública intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas mediante cualquier herramienta o dispositivo tecnológico que considere necesario para tareas de investigación preventiva. Los opositores a la reforma sostienen que el nuevo marco legal facilita el espionaje gubernamental ilegal.

El decreto, propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, establece que la Guardia Nacional (GN), concebida originalmente como una corporación civil, se consolidará como una fuerza pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial y bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia podrá requerir a empresas de telecomunicaciones y telefonía móvil información en tiempo real sobre sus usuarios, incluyendo datos de geolocalización de los dispositivos. Dicha información deberá entregarse en un plazo no mayor a 12 horas tras la solicitud.

Asimismo, la GN estará facultada para intervenir comunicaciones privadas y llevar a cabo labores de monitoreo, rastreo, identificación y vigilancia en la red pública de internet, particularmente en sitios web, con el propósito de prevenir delitos. Sin embargo, en todos estos casos será indispensable contar con la autorización previa de una autoridad judicial, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es que permite a la GN realizar operaciones encubiertas, utilizar identidades simuladas y recolectar información en espacios públicos mediante dispositivos tecnológicos, herramientas digitales o cualquier recurso que se considere necesario para tareas de investigación preventiva.

El dictamen también asigna a la GN la responsabilidad de vigilar zonas fronterizas, aduanas, parques nacionales, espacios urbanos federales y cualquier área bajo jurisdicción federal. Además, sus elementos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, podrán revisar documentos migratorios de personas extranjeras para verificar su situación legal y, en caso de irregularidades, proceder con su detención. Esta atribución se restituye a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidó en 2023, por considerar que implicaba riesgos de violaciones a derechos humanos.

Preocupaciones sobre espionaje cibernético en México

Legisladores de partidos opositores manifestaron su rechazo a la aprobación de la ley. Karla Guadalupe Toledo, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la reforma “no construye seguridad, sino que consolida una dictadura que el gobierno quiere imponer mediante un aparato de control político vertical y armado”. Recordó que diversos organismos internacionales han cuestionado el uso “indebido” del Ejército y la existencia de una Guardia Nacional sin auditorías ni controles democráticos.

El dictamen establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe anual de actividades al Senado como mecanismo de rendición de cuentas. No obstante, no contempla mecanismos de supervisión ciudadana ni sanciones más allá de dicho reporte.

Esta omisión ha sido señalada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que la semana pasada advirtió: “además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de la Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas adecuados”.

La ONU-DH expresó que, bajo esas condiciones, las facultades otorgadas al Ejército para procesar información de inteligencia podrían representar una amenaza al derecho a la privacidad, protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El organismo reiteró que “la seguridad pública debe ser una responsabilidad de autoridades civiles, sujeta a controles democráticos, resultado de una deliberación pública amplia y realizada con pleno respeto a los derechos humanos”.

Distintos estudios han documentado que autoridades locales, fiscalías y cuerpos de seguridad han utilizado herramientas digitales para intervenir comunicaciones sin cumplir con los requisitos legales, lo que ha generado creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Un informe de Google, publicado en septiembre del año pasado, concluyó que el espionaje cibernético representa una amenaza creciente para la libertad de expresión y de prensa en México. La empresa tecnológica alertó que el país enfrenta un entorno digital especialmente riesgoso, caracterizado por una interacción compleja entre amenazas globales y locales, en el que múltiples actores maliciosos intentan vulnerar sectores estratégicos de la sociedad mexicana.