Hay una escritura que dice que un tramo de la Sierra de la Laguna tiene nuevo dueño. No existe ninguna que diga lo mismo del agua que cae sobre ese tramo. En México se puede comprar la tierra; el agua, no: el artículo 27 de la Constitución reserva a la nación el dominio sobre las aguas. Esa frontera invisible —entre lo que un predio otorga y lo que jamás podrá otorgar— es el verdadero filo del conflicto que hoy se vive en Baja California Sur.
La Sierra de la Laguna es mucho más que una reserva de la biosfera. Es la principal zona de recarga de los acuíferos que abastecen a buena parte de La Paz y Los Cabos. En una de las regiones más secas del país, la montaña funciona como una enorme fábrica natural de agua.
En semanas recientes, esa tensión se hizo visible en la controversia generada por la compra de un predio por parte de la fundación Hermandad en Armonía, que confirmó públicamente la participación de Jorge Emilio González Martínez, el llamado “Niño Verde”. Las denuncias impulsadas por la asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, junto con habitantes de la región, así como los procedimientos iniciados ante autoridades ambientales, terminaron colocando a la Sierra en el centro del debate público.
Más allá de lo que resuelvan las autoridades sobre este caso concreto, el episodio revela una tensión que veremos cada vez con más frecuencia. Quien adquiere legalmente un predio adquiere el suelo. No adquiere el agua que se forma debajo, porque esa agua nunca estuvo en venta: es de todos. Y, sin embargo, controlar el suelo de una zona estratégica puede traducirse en una enorme capacidad de influencia sobre un bien que pertenece a todos.
Ahí la pregunta deja de ser solo ambiental o jurídica. Se vuelve económica y, por eso mismo, política. Porque cualquiera tiene derecho a comprar conforme a la ley, pero no todos tienen la misma capacidad de hacerlo. En los hechos, las decisiones sobre los territorios de los que depende el agua de una región terminan concentrándose en quienes cuentan con los recursos para adquirirlos.
El mercado reparte la tierra con eficiencia; el problema es que, al hacerlo, va repartiendo también el poder de incidir sobre algo que la ley declaró de todos. ¿Qué lugar les queda entonces a las comunidades que han vivido durante generaciones alrededor de esos territorios, o a quienes dependen de ellos para producir y para beber?
Durante años planteamos estas discusiones como falsas disyuntivas: empresarios contra ambientalistas, desarrollo contra conservación, propiedad privada contra interés público. Pero quien invierte tiene intereses legítimos, y las comunidades locales también. El Estado, por su parte, está obligado a proteger los recursos estratégicos y los derechos colectivos. La contradicción no se resuelve eligiendo un bando: aparece, precisamente, cuando una compra perfectamente legal toca un bien que no estaba a la venta.
Quizá por eso este caso incomoda más de lo que suele incomodar un conflicto ambiental. No nos obliga a elegir entre el dueño y el río. Nos enfrenta a algo más difícil de aceptar: que el mercado puede responder quién tiene la capacidad de comprar una montaña, pero no quién debe decidir sobre el agua que nace en ella.
En un país donde la escasez hídrica ya no es una advertencia sino una realidad cada vez más visible, estas preguntas dejarán de ser excepcionales. La escritura seguirá siendo válida. La lluvia seguirá sin dueño. Lo que sigue pendiente es encontrar una forma de decidir sobre ambas sin que una sola voz termine hablando por todos.
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