Más de 20 estados demandan a Donald Trump por condicionar fondos para desastres a políticas migratorias y electorales
Este jueves 23 de julio, una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump por condicionar fondos federales destinados para la preparación, respuesta y recuperación de desastres y emergencias sino se cumplen sus políticas electorales y de inmigración.
La demanda fue presentada en Rhode Island impugna las políticas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además menciona que la presente administración esta exigiendo a los estados que modifiquen sus sistemas electorales y colaboren con el DHS en la aplicación de las leyes de inmigración. Estas condiciones también permitirán que el DHS rescinda de las subvenciones en cualquier momento y por cualquier motivo.
«Una vez más, la administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales, y una vez más, no saldrán impunes», declaró el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.
De acuerdo con la información de The Associated Press (AP), los estados argumentaron que imponer condiciones a los fondos asignados por el Congreso viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de gasto de la Constitución de los Estados Unidos.
A través de un comunicado, un portavoz de la FEMA, calificó la demanda como un ejemplo de «reacción partidista» y dijo que esperaban que los políticos de izquierda se opusieran a las medidas de sentido común diseñadas para salvaguardar las elecciones y proteger la integridad de la democracia estadounidense.
«La seguridad electoral es seguridad nacional, y proteger nuestra infraestructura crítica sigue siendo una prioridad absoluta para la administración Trump» afirmaron. «Las preocupaciones sobre los procesos de votación, la seguridad de los datos y las prácticas de registro han dejado claro que es necesario actuar».
Esta demanda forma parte de muchas que se han impugnado a la administración de Donald Trump, debido a su reiterado intento de presionar a estados, en su mayoría demócratas, para que acatar sus prioridades y así obtener miles de millones de dólares en fondos federales.
Según informó AP, esta estrategia se ha utilizado en todo, desde la financiación de la educación hasta las subvenciones para la violencia doméstica y la financiación de carreteras.
Los tribunales han reiterado que esta estrategia es ilegal e inconstitucional
El año pasado, un fallo judicial prohibió a la administración de Trump imponer condiciones a otros fondos de FEMA, además, un segundo fallo de este año le impidió desviar fondos del DHS de los estados que no se consideran favorables a su agenda.
“Los estados se enfrentan a la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales, se ven obligados a renunciar a su derecho soberano a decidir cómo utilizar a sus propios agentes de policía, corren el riesgo de perder la confianza construida entre las fuerzas del orden locales y las comunidades inmigrantes, y tendrán que reducir, reconsiderar o cancelar proyectos de transporte en curso”, escribió el juez de distrito estadounidense John McConnell Jr. el año pasado.
La última demanda argumenta que la administración está intentando aplicar algunas de las mismas condiciones a la financiación de 2026, algo que no hizo con la financiación del año pasado.
Uno de los requisitos que se impugnan en la presente demanda es la obligación de que los estados modifiquen sus sistemas electorales; deben adoptar sistemas de votación con papeletas de papel, realizar una auditoría manual de los sistemas de votación, conciliar a los votantes y verificar la ciudadanía de cada votante registrado en las bases de datos electorales del estado.
En caso de que los estados no cumplan, corren el riesgo de perder al menos 20% de los fondos de su Programa se Subvenciones para la Seguridad Nacional, dinero que se utiliza para financiar medidas que protejan a los ciudadanos de los ciberataques y el terrorismo.
“La administración Trump está reteniendo como rehenes fondos cruciales para la seguridad nacional y la respuesta ante desastres en su último intento de controlar nuestras elecciones y perpetuar teorías conspirativas sin fundamento”, dijo en un comunicado el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, incluido en la demanda.
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